(Noticia inserta en el diario El Liberal, de Madrid, correspondiente al miércoles 2 de septiembre de 1936, página cuarta.)

(Titulares de la primera plana del diario de Madrid Informaciones, correspondiente al sábado 19 de septiembre de 1936, edición de provincias.)

(Noticia inserta en el diario Informaciones, de Madrid, correspondiente al martes 22 de septiembre de 1936, página tercera, edición de provincias.)

(Informaciones, de Madrid, correspondiente al día 23 de septiembre de 1936, página tercera.)

Artículo único. Se concede a los paisanos Rafael Aznar Gerner, Constantino Palacios López, Fernando Primo de Rivera y Cobo de Guzmán y José Cubero Mateo indulto de la pena de muerte que, por el delito de rebelión militar, les ha sido impuesta por sentencia dictada por el Tribunal Especial contra la Rebelión y Sedición Militar de Madrid con fecha 26 del actual, cuyas penas se conmutan por las de reclusión perpetua, con las accesorias legales correspondientes.

Dado en Madrid a veintisiete de septiembre de mil novecientos treinta y seis. Manuel Azaña. El Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de la Guerra, Francisco Largo Caballero. »

(Decreto publicado en la Gaceta de Madrid, diario oficial de la República, en su número 272, correspondiente al lunes día 28 de septiembre de 1936.)

(Declaración prestada ante la Causa General de Madrid  para hacer constar el asesinato de los reos recién indultados por el Gobierno del Frente Popular y extraídos inmediatamente de la Cárcel oficial por los agentes rojos que les dieron muerte.)

............. Artículo 15. Corresponde al Estado Español la legislación y podrá corresponder a las regiones autónomas la ejecución, en la medida de su capacidad política, a juicio de las Cortes, sobre las siguientes materias : 1ª Legislación Penal, Social, Mercantil y Procesal......... »

(Precepto de la Constitución republicana de 9 de diciembre de 1931, que prohíbe a las Regiones autónomas dictar normas legales de carácter procesal o penal, cuya legislación queda reservada al Poder central de la República; no obstante lo cual, la Generalidad de Cataluña dicta, contra la Constitución, disposiciones penales y procesales.)

Efectivamente; pocos días después, aproximadamente entre el 7 y el 10 del mismo mes de noviembre, se presentaron al declarante, que entonces ocupaba el despacho del Secretario particular del Subsecretario de Justicia, unos milicianos de la C. N. T., que le dijeron que iban a llevarse el fichero de Penados y Rebeldes, así como el fichero antropométrico, alegando que trataban de evitar que pudiese ser destruido por algún bombardeo. Como no había posibilidad de oponer resistencia, y teniendo, además, en cuenta que el Ministro ya había anunciado la desaparición de dicho fichero, se indicó a los milicianos el local ocupado por el Registro de Penados. En una camioneta, y ayudados por el retén de Guardias de Asalto que en número de unos 150 prestaban servicio en el Ministerio, los anarquistas fueron cargando la camioneta, oyendo el declarante, lo mismo que los demás funcionarios entonces presentes en el Ministerio, que la camioneta se dirigía a la fábrica de vidrios; las fichas que quedaron tiradas por el suelo, y que no pudieron ser cargadas en la camioneta, fueron luego quemadas en la estufa de la calefacción por los Guardias de Asalto de servicio. Según el dicente oyó, uno de los milicianos de la C. N. T. se llamaba Granizo y el otro Pastor. Desde luego, el declarante no tuvo iniciativa ni intervención alguna en esta destrucción, puesto que de haber querido servir a García Oliver, y dado que el dicente conoce perfectamente el mecanismo del Registro de Penados, hubiese hecho ver al Ministro rojo la inutilidad de esta destrucción, ya que siempre hubieran quedado los antecedentes en las Audiencias que le hubieran condenado, y, en último término, hubiera podido extraer la ficha sin provocar alarma alguna y entregársela a García Oliver. En el fichero antropométrico se encontraba de servicio en aquella ocasión el funcionario D. Félix García Brea, actualmente Jefe de Servicios en la Prisión de Torrijos. La destrucción del fichero constituía una obsesión de García Oliver, puesto que en cierta ocasión, y encontrándose el declarante destinado en la Sección de Estadística del Ministerio de Justicia de Valencia, fueron reclamados antecedentes al Hospital General de Madrid, que respondió oficialmente que por virtud de la medida de destrucción del fichero tomada por García Oliver no podían remitirse los antecedentes solicitados...».

(Declaración prestada por D. Luís Palud Clausó, testigo presencial de la destrucción de los archivos del Registro Central de Penados y Rebeldes, realizada por ex presidiario Juan García Oliver, Ministro de Justicia del Frente Popular.).

Preámbulo. «A consecuencia de las incalificables agresiones de las fuerzas facciosas contra la Capital de la República, varios edificios han sufrido daños, provocados por el bombardeo de las baterías y aviación enemigas, entre ellos el inmueble ocupado por el Ministerio de Justicia, quedando destruidos, entre otros documentos, el de gran parte de los que integraban el Registro Central de Penados y Rebeldes. Por ello, con el fin de resolver la situación que tal destrucción ha producido, teniendo en cuenta las dificultades, casi insuperables, que la reconstrucción del Registro supondría, sobre todo en los momentos presentes, y atendida, por otra parte, la circunstancia de que muchos delincuentes ocasionales, además de haber cumplido las penas que los Tribunales les impusieron, se han rehabilitado ante la sociedad por los servicios que con los armas vienen prestando a la causa antifascista, a propuesta del Ministro de Justicia y de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo primero. Quedan cancelados todos los antecedentes penales relativos a delitos cometidos con anterioridad al quince de julio del presente año.

Artículo segundo. Dependiendo de la Dirección General de Prisiones, se constituirá en Valencia un Registro Central de Penados y Rebeldes, formado por las notas a que se refiere el artículo 252 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En su consecuencia, los Tribunales y Juzgados de todas clases vendrán obligados a remitir al Registro las referidas notas, con relación a todas las sentencias que hubiesen dictado por delitos o faltas cometidas con posterioridad al quince de julio último, absteniéndose de enviar las relativas a hechos cometidos con anterioridad a dicha fecha.

Artículo tercero. A partir de la publicación del presente Decreto en la Gaceta de la República, las certificaciones de antecedentes penales, que continuarán siendo exigibles en todos los casos que preceptúa la legislación vigente, se solicitarán en las dependencias del Ministerio de Justicia en Valencia.

Artículo cuarto. Se autoriza al Ministro de Justicia para dictar las disposiciones complementarias de este Decreto.

Artículo quinto. Quedan derogados cuantos preceptos se opongan a lo preceptuado en el presente Decreto, del que se dará ata a las Cortes.

Dado en Barcelona, a diecinueve de diciembre de mil novecientos treinta y seis. Manuel Azaña y Díaz.- El ministro de Justicia, Juan García Oliver."

Comentario oficioso publicado, por el Subsecretario Mariano Sánchez Roca, en el folleto Dos meses de actuación en el Ministerio de Justicia: «Tiene importancia singular el anterior Decreto, cuyo alcance no es otro que convalidar situaciones de hecho que el Gobierno de la República no creó.

»Las bombas de la Aviación extranjera al servicio de los facciosos alcanzaron a varias dependencias del Ministerio de Justicia, en la calle Ancha de San Bernardo, de Madrid, y como algunas de las bombas que lograron tal objetivo eran incendiarias, ello determinó un siniestro en distintas dependencias del Ministerio, entre ellas las destinadas al Registro Central de Penados y Rebeldes.

»Y en la imposibilidad de reconstruir dicho Registro, el Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia, declaró cancelados los antecedentes penales e inició un nuevo Registro General en el departamento establecido en Valencia.»