Anexo IV

LAS CHECAS

Ángel Galarza Gago, cabecilla republicano y después socialista; ministro del Gobierno del Frente Popular; organizador de las checas de las M.V.R. y amparador y director de las checas de Atadell, Riscal y otras, de las que se servía para su protección personal y para sus crímenes.

1. COMITÉ PROVINCIAL DE INVESTIGACIÓN PUBLICA (CHECA OFICIAL DE LA CALLE DE FOMENTO)

A primeros de agosto de 1936, cuando ya había comenzado en Madrid la serie de asesinatos, que no decayó en cantidad hasta diciembre del mismo año, se celebró en el palacio del Círculo de Bellas Artes una reunión, convocada y presidida por el Director General de Seguridad, Manuel Muñoz Martínez (Diputado a Cortes del Partido de Izquierda Republicana y grado 33 de la Masonería). En la reunión referida, celebrada con asistencia de representantes de todos los partidos políticos y organizaciones sindicales que integraban el Frente Popular, se acordó la constitución de un Comité Provincial de Investigación Pública, que, en estrecho y permanente contacto con la Dirección General de Seguridad roja, debía encargarse de dirigir la política represiva , con amplias atribuciones.

Según testimonios unánimes y coincidentes de cuantos asistieron a la expresada reunión constitutiva del Comité Provincial de 1vrstigación Pública, quedó claramente aceptada por el Director de  Seguridad la atribución de amplias facultades al referido Comité para que, erigido en «checa», acordase, sin limitaciones ni formalidades de ninguna clase, los asesinatos que estimara convenientes ; entre otras declaraciones terminantes en este sentido constan las prestadas por Manuel Rascón Ramírez, miembro destacado de uno de los Tribunales de la «checa», así como las del Ingeniero, afiliado a Izquierda Republicana, Julio Diamante Menéndez (condenado a una pena temporal relativamente benigna por el Consejo de Guerra que le juzgó), quien acredito que en la reunión, presidida por el Director de Seguridad, éste acogió  sonriente la exigencia de alguno de los reunidos, que reclamó para el nuevo Comité las más amplias facultades para acordar asesinatos ; actitud que, al no permitir ya duda alguna acerca del carácter de «checa» que el organismo creado había de revestir, impulsó al mencionado Julio Diamante a abstenerse de participar en las tareas activas del Comité, en el cual siguió representado el Partido de Izquierda Republicana por otros individuos.
 

El Comité Provincial de Investigación Pública, formado a base de diversas Secciones o «Tribunales», con representación de los partidos y Sindicales obreras que habían enviado sus delegados a la sesión constitutiva, funcionó hasta fines del mes de agosto en los sótanos del Círculo de Bellas Artes ; después se trasladó a un palacio, en el número g de la calle de Fomento, donde el Comité continuó hasta su disolución, en noviembre del mismo año 1936, recibiendo, por razón de su emplazamiento en esta segunda etapa, el nombre de Checa de Fomento, tan conocido y temido en Madrid.

En sus dos etapas de actuación, esta «checa» oficial dispuso del derecho más absoluto de vida y muerte sobre toda la población de Madrid ; facultades que le estaban plenamente reconocidas por el Gobierno del Frente Popular y por la Dirección General de Seguridad, que tenía sus delegados fijos en la «checa» de Fomento y entregaba a ésta cuantos detenidos eran reclamados por la referida «checa» para ser asesinados, realizándose estas entregas, bien se encontrasen los detenidos en los calabozos de la Dirección General de Seguridad o en alguna cárcel, existiendo abundante constancia documental de estas órdenes de entrega dadas por la Dirección General de Seguridad roja.

La creación del Comité Provincial de Investigación Pública no tuvo como consecuencia la disolución de las demás «checas» -que en número de más de doscientas funcionaron de un modo perfectamente comprobado en Madrid- puesto que la mencionada «checa» oficial, lejos de acordar la disolución de las demás y atribuirse -aun dentro de la irregularidad que la caracterizaba- el monopolio de la represión, contribuyó a reforzar la autoridad de las otras «checas», dotando de investidura oficial a los grupos de asesinos de las mismas, que a tales efectos eran considerados como dependientes de la «checa» oficial de la calle de Fomento ; encontrándose este extremo acreditado por documentación auténtica que contiene las plantillas del personal nominalmente afecto al Comité Provincial de Investigación Pública.

Según manifestaciones hechas por algunos de los miembros de esta «checa» ante el Consejo de Guerra que los juzgó, en ella tanto la libertad como la condena a muerte dependían con frecuencia del simple capricho o de la simpatía o antipatía personal, y las actuaciones referentes a cada detenido no ocupaban más de una cuartilla de papel.

Después de comparecer el detenido ante el Tribunal, éste le interrogaba entre insultos y amenazas, que tenían por objeto arrancarle la confesión de creencias religiosas o ideas políticas cuya existencia daban los interrogadores por cierta, soliendo recurrir, a fin de sorprender y desconcertar al detenido, cuando las violencias empleadas no bastaban, a mostrarle de lejos una tarjeta que uno de los «jueces» sacaba del cajón de la mesa, tratando de hacer creer a la víctima que se trataba de su propia ficha, encontrada en alguno de los múltiples ficheros ocupados a los partidos políticos enemigos del Frente Popular. Acabado el interrogatorio y con él el «juicio», sin que se hubiera dado al detenido medio alguno de defensa, el «Tribunal» resolvía. Tres eran los acuerdos que se tomaban : libertad, asesinato o cárcel.

Los acuerdos de asesinato se hacían constar en la hoja  correspondiente por medio de la inicial «L» , como en el caso de libertad efectiva, pero con la diferencia de agregar a dicha «L» un punto, signo ortográfico que servía de contraseña para el inmediato asesinato del detenido, que era entregado con esta finalidad a alguna de las brigadillas.

Estas brigadillas, constituidas por un jefe, a quien se llamaba «responsable», y cuatro individuos, estaban específicamente dedicadas tanto a las detenciones y registros como al cumplimiento de los asesinatos acordados por cada «Tribunal». Cada partido político u organización sindical integrante del Frente Popular se hallaba representado en la «checa» por varios de estos grupos o brigadillas. Cuando la tarea que pesaba sobre estas brigadillas resultaba excesiva, se recurría también para los asesinatos a los milicianos del turno de guardia que prestaban sus servicios en el edificio de la «checa».

Entre los jefes o responsables de tales brigadillas acaso resulte el más destacado, por su monstruosa actuación, un anarquista llamado Antonio Ariño Ramis (a) «El Catalán», malhechor común, Jugado de la Penitenciaría francesa de La Guayana, autor material de centenares de asesinatos, tanto en Madrid como en Vallecas, Fuentidueña de Tajo y algunos pueblos más de la provincia, el cual, al disolverse la «checa» de Fomento, pasó a formar parte del llamado Consejillo de Buenavista, donde continuó cometiendo asesinatos, también en gran número y con iguales caracteres de ferocidad.

De modo fehaciente, por denuncias formales presentadas por las familias de las víctimas, constan denunciados ante la Causa General de Madrid bastante más de mil asesinatos cometidos por la «checa» oficial de Bellas Artes y Fomento, obrando los nombres y circunstancias de las víctimas, así como la fecha de su detención ; pero teniendo en cuenta las dificultades que en aquella época de terror impedían a las familias de los desaparecidos determinar los lugares donde los mismos eran conducidos o las «checas» que realizaban el asesinato, y teniendo también presente que al Comité Provincial de Investigación Pública afluían para su enjuiciamiento ilegal y ulterior asesinato muchos detenidos procedentes de otras «checas», puede establecerse en muchos millares el número de asesinatos decididos por el Comité de Investigación Pública y ejecutados por sus agentes y milicianos, con la aprobación y asistencia de la Dirección General de Seguridad roja, que facilitaba a la «checa» los ficheros y relaciones de antecedentes que a la misma pudieran interesar para sus actividades de persecución.

También por testimonios fidedignos y terminantes consta el permanente contacto entre los dirigentes de la «checa» y las máximas autoridades rojas, no sólo por parte del Director de Seguridad, sino también del Ministro de la Gobernación, Angel Galarza, a quien los dirigentes de la «checa» trataban con gran familiaridad ; a instancia de estos últimos fueron remitidos a la «checa», para que ésta se encargase de su distribución entre los elementos afectos a la misma, gran número de carnets de agentes del Gobierno. La Dirección de Seguridad tenía noticia diaria del balance de las criminales actividades del Comité de Investigación Pública por medio de sus delegados fijos en la «checa», a disposición de los cuales eran puestos con frecuencia los detenidos, que la Dirección General de Seguridad ordenaba entregar al Comité de Investigación Pública.

La recomendación influía de un modo decisivo en las determinaciones de la «checa», por graves que -según el criterio marxista- fuesen los cargos que apareciesen contra los detenidos.

Entre las víctimas de la «checa» de Fomento se cuentan debidamente concretadas, muchas mujeres y numerosos sacerdotes y religiosos, así como también gran número de obreros.

El día 2 de octubre de 1936 fué detenida por la «checa» la señorita Dolores Falquina y García de Pruneda, de veinticinco años, por el único motivo de haber acudido a reclamar noticias de su padre, Comandante de Ingenieros D. Antonio Falquina Jiménez, que detenido por el Comité de Investigación Pública, no había dado a su familia noticia alguna de su paradero. Tanto el Sr. Falquina como su hija Dolores fueron asesinados por la «checa» de Fomento. La señorita María de los Dolores Rizzo y Goñi, que coincidió, también como detenida en la «checa» de Fomento, con su amiga Dolores Falquina, refiere en los siguientes términos, en declaración prestada ante la Causa General, los últimos momentos de la víctima : «...Al día siguiente, día 3 de octubre, de madrugada, llamaron para declarar a la señorita Falquina y le preguntaron si era de Acción Católica y que dijera dónde estaban escondidos unos jóvenes falangistas. Contestó que, en efecto, era secretaria de la Parroquia de San José y que no conocía a tales muchachos, cuyos nombres, en verdad, le eran completamente desconocidos. A las cuatro de aquella misma madrugada fue llamada nuevamente por un miliciano portador de un sobre azul. Tanto la declarante como la víctima creyeron que iba a ser puesta en libertad ; pero pocos minutos después oyó la que declara un fuerte grito dado por la víctima, y que lo conoció por la voz. Después no volvió a la celda ni se ha sabido más de ella, suponiendo fuera seguidamente asesinada...»

En los sótanos de la «checa» -según se encuentra acreditado- el dirigente socialista Tomás Carbajo asesinó a tiros al Duque de Hornachuelos, que se encontraba recluido en uno de los calabozos y que acababa de sufrir un ataque de enajenación mental.

Los chequistas tratados con más confianza por el Director General de Seguridad, Manuel Muñoz, y que visitaban a éste con mayor asiduidad, eran el ya mencionado Tomás Carbajo, el comunista Arturo García de la Rosa y el correligionario de Manuel Muñoz, Leopoldo Carrillo Gómez. Pero quien visitaba al Director de Seguridad casi diariamente en el edificio de la Dirección, para hacerle entrega de la mejor parte de las alhajas u objetos de valor producto de los saqueos realizados por la «checa» en los domicilios de sus víctimas, era el también miembro de Izquierda Republicana Virgilio Escamez Mancebo, que ejercía en la «checa» el cargo de tesorero.

El testigo D. Federico Arnaldo Alcover, Abogado, que acudió en cierta ocasión del mes de octubre de 1936 al Comité de Investigación Pública para visitar a Arturo García de la Rosa, acompañado de un pariente de dicho dirigente de la «checa», presenció que el llamado Tribunal presidido por De la Rosa juzgó en el espacio de media hora a unas doce personas, que después de ser interrogadas brevemente sobre cuestiones sin trascendencia, mediante preguntas que prejuzgaban el criterio de los chequistas, y sin que se escribiese ni firmase nada, eran sacados de la sala, resolviéndose inmediatamente acerca de su muerte, y dándose cuenta el visitante de que la casi totalidad de los examinados, que habían sido insultados durante su interrogatorio, eran condenados a muerte, para ser ejecutados de madrugada. El mismo testigo refiere haber visto amontonados en el suelo gran número de objetos de culto religioso, y agrega que en algunas de las Custodias se hallaba todavía la Sagrada Forma.

Por orden del Director General de Seguridad se resolvió que los haberes que se pagaban a los «jueces», agentes y milicianos de la «checa» saliesen del saqueo, resultando suficientes para ello las cantidades que en metálico y billetes requisaban los agentes de la «checa», 'sin que hubiese que recurrir a realizar con esta finalidad los valores o alhajas, ya que incluso del dinero recogido sobraba una parte, que iba siendo entregada al Director de Seguridad, dándose el mismo destino a lo intervenido a los detenidos sobre su persona.

Los «tribunales» de la «checa» funcionaban ininterrumpidamente, con carácter permanente, relevándose por turnos de a ocho horas siendo de mucha actividad las horas de la noche y de la madrugada elegidas por los agentes de las diversas brigadillas para realizar las ejecuciones en las carreteras y cementerios de las afueras de la capital. En cada turno funcionaban simultáneamente tres «tribunales», encargados de juzgar a los detenidos.

Los agentes de las brigadillas de ejecución de la «checa» de Fomento pasaron en bloque, a través de las Milicias de Vigilancia de retaguardia, a integrar la Policía roja, en cuyas filas actuaron hasta . liberación de la zona marxista.

Entre multitud de crímenes análogos realizados por el Comité de Investigación Pública, puede citarse el asesinato colectivo de cincuenta detenidos que se encontraban en los calabozos de la «checa» y que en las primeras horas del día 31 de octubre de 1936 fueron conducidos en autobuses al pueblo de Boadilla del Monte, en cuyo término municipal fueron asesinados y enterrados en una gran zanja previamente abierta. Entre estas víctimas -exhumadas después de la liberación de Madrid- figura identificado el cadáver del joven de veinte años Annonio Morales Antuñano. (En la fotografía anexa aparece la fosa tal como quedó al practicarse las exhumaciones.)

Al disolverse el Comité Provincial de Investigación Pública, en noviembre de 1936, por temor a las Fuerzas nacionales que, en su avance, habían llegado ante Madrid, la «checa» entregó al Gobierno  rojo -aparte de otras entregas que de un modo continuo había venido realizando con anterioridad y de lo que en provecho propio sustraían los chequistas- cuatrocientas setenta y dos cajas de alhajas y dos de oro y plata, procedentes de las expoliaciones realizadas en domicilios de las víctimas, de cuyo tesoro dispuso en su beneficio el Gobierno rojo.

Disuelta la «checa» de Fomento, sus miembros se reparten. con autorización del Gobierno, parte de los fondos obtenidos en los saqueos, a razón de treinta mil pesetas cada "juez" de la "checa". sus mismos individuos formaron inmediatamente un Consejo de policía , presidido por los comunistas Santiago Carrillo y Segundo Serrano Poncela, a cuyo cargo quedó de un modo exclusivo el orden público en la Capital abandonada por el Gobierno rojo. El referido Consejo de Orden Público repartió a sus miembros entre las diversas cárceles de Madrid, y tras una brevísima selección, que ya había sido comenzada por el disuelto Comité de Investigación Pública, fueron extraídos de las prisiones, entonces abarrotadas, varios millares de presos de todas las edades, profesiones y condiciones sociales, que fueron asesinados por las Milicias de Vigilancia improvisadas por el Gobierno rojo en Paracuellos del Jarama, Torrejón de Ardoz y otros lugares próximos a Madrid, donde reposan los restos de estas víctimas. Las órdenes que sirvieron para realizar estas extracciones aparecen firmadas por las autoridades rojas de orden público. (Documentos 2 y 3.)

Tales extremos son sobradamente conocidos y se encuentran confirmados por abundante prueba documental y por declaraciones  de testigos y de inculpados que ponen de manifiesto la directa responsabilidad del Gobierno en la creación de la «checa» de Bellas Artes y Fomento y en las criminales actividades de la misma.

Existe un documento que prueba de modo incontrastable esta responsabilidad histórica del Gobierno del Frente Popular: Con motivo del asesinato, durante el período rojo, de un vecino de Madrid llamado D. Bernardo Tomás Chelvi Mulet, y de haber sido detenido por las autoridades rojas, acusado del secuestro y asesinato de dicho señor, el destacado elemento de Izquierda Republicana, Leopoldo Carrillo Gómez, representante de dicho Partido en la ya disuelta «checa, de Fomento, la Agrupación de Izquierda Republicana de Madrid -no obstante haber sido puesto en libertad Leopoldo Carrillo a los tres días- dirigió un escrito de protesta, en mayo de 1937, al Ministro de la Gobernación, quejándose de la detención sufrida por Leopoldo Carrillo y afirmando que, por haber actuado el Comité de Investigación Pública de acuerdo con el Gobierno del Frente Popular y bajo la dependencia del mismo, los miembros de dicho Comité debían ser plenamente amparados, sin que pudiera admitirse fueran molestados en ningún caso por las responsabilidades contraídas ni las sanciones acordadas en el ejercicio de sus funciones ; debiendo cumplirse en este respecto lo convenido entre el Ministro de la Gobernación y la Comisión del referido Comité, que a tal objeto visitó al Ministro en Valencia el 12 de febrero de 1937, presentándole un escrito firmado por los representantes de las organizaciones, reclamando plena garantía para los miembros del extinguido Comité ; documento, el de I. R., que el Ministro transcribió, dirigiéndose oficialmente con tal motivo a la Dirección de Seguridad, en comunicación de 14 de mayo de 1937, que aparece firmada por dicho Ministro rojo, Angel Galarza, como puede apreciarse en la fotocopia que se acompaña.

Por vía de ejemplo de lo que era práctica diaria en multitud de casos, también comprobados documentalmente, se incorpora a la presente relación informativa fotocopia de un escrito enviado al Director General de Seguridad rojo, en 21 de septiembre de 1936, por el entonces detenido D. Francisco Ariza Colmenarejo, quien -a fin de evitar su asesinato- suplica que no le sea concedida la libertad hasta que las autoridades puedan responder de su seguridad personal. Y, como respuesta a esta angustiosa petición se expide una orden de libertad fechada en 23 del mismo mes de septiembre de 1936, que consigna que esta libertad es otorgada previo aval del Comité Provincial de Investigación Pública. Según consta en la Causa General, el referido señor Ariza Colmenarejo, así entregado a la «checa» de Fomento, fue seguidamente asesinado.

Finalmente, merece ser destacado otro caso que de modo bien patente muestra el sentido vengativo de la «checa» oficial de la calle de Fomento. Se trata del asesinato del Capitán de Asalto D. Gumersindo de la Gándara Marvella, que, encontrándose detenido en la cárcel de San Antón, es entregado por la Dirección General de Seguridad, en 26 de septiembre de 1936, al referido Comité Provincial de Investigación Pública, que lo ejecuta inmediatamente, en unión de los también Oficiales de Asalto D. Carlos Cordoncillo y D. Manuel López Benito, siendo de notar que la propia autoridad judicial roja había acordado va la libertad de dichos Oficiales por no haberse apreciado en ellos ninguna conducta hostil contra la República, conforme se acredita por los documentos obrantes en el anexo correspondiente.

La clave del asesinato del Capitán Gándara -conocidamente republicano- sólo puede encontrarse en haber sido uno de los firmantes del acta que en 26 de febrero de 1933 suscribieron cinco Capitanes de Asalto con mando en Madrid, por motivos que alcanzaron por entonces  triste notoriedad:  los campesinos anarquistas del poblado de Casas Viejas (Cádiz), moralmente envenenados, como todas las masas trabajadoras españolas en aquella época, por la propaganda demagógica realizada con miras electorales por los partidos políticos de izquierdas, se rebelaron -precisamente contra el Gobierno izquierdista presidido por Manuel Azaña- haciendo uso de las armas. La represión fue cruel, y la fuerza pública enviada por el Gobierno fusiló en el acto a cuantos prisioneros cogió, incluso mujeres. Al ser conocidos estos sucesos y denunciados en el Parlamento, aquel Gobierno -después de pretender negarlos y de ejercer coacciones sobre algunos de los Oficiales que habían intervenido en la represión, para que no declarasen la verdad- atribuyó lo ocurrido a extralimitación de la fuerza pública, que no se había atenido a las órdenes recibidas. Ante esta actitud ministerial, y a fin de defender el prestigio del Cuerpo de Asalto, los cinco capitanes de dicho Cuerpo con mando en Madrid suscribieron un acta, en la que afirmaban que las órdenes superiores transmitidas a las fuerzas de Madrid por aquella época eran las de que el Gobierno no quería ni heridos ni prisioneros. Fueron inútiles los esfuerzos hechos por el Gobierno Azaña para que estos Capitanes retiraran su acta, y en vista de ello fueron encarcelados y separados del Cuerpo de Asalto. Pero la impresión producida por estas revelaciones y por otras pruebas evidentes fue tan viva, que el Director General de Seguridad, Arturo Menéndez, llegó a ser procesado por auto judicial de 13 de marzo de 1933, y el Jurado que juzgó en Cádiz al Jefe de la fuerza pública que con tanta dureza había actuado en el pueblo de Casas Viejas, estimó la existencia real de las órdenes superiores, al responder dicho Jurado a la pregunta octava del veredicto. Incluso fue presentada ante el Tribunal de Garantías Constitucionales una acusación contra Azaña, Casares Quiroga, Indalecio Prieto, Largo Caballero, Fernando de los Ríos y demás miembros del Gobierno, que no prosperó por no haber sido presentada por el Parlamento, única entidad facultada, según la legislación republicana para acusar a los Ministros.

El Capitán Gándara -que había servido sin reservas a la República hasta que, en 1933, su conciencia le impuso el deber de proclamar las graves responsabilidades del Gobierno republicano-socialista presidido por Azaña- es asesinado en 1936 por el Frente Popular, siendo Azaña Presidente de la República y Largo Caballero Jefe del Gobierno.

	Número 1 Fosa de Boadilla del Monte (Madrid), en la que fueron enterradas 50 víctimas de la checa de Fomento, asesinadas el 31 de octubre de 1936
	Número 2 Orden de la checa de Fomento para que fuesen entregados a sus agentes varios presos que resultaron inmediatamente asesinados
	Número 3 Orden oficial de entrega de una relación de presos de la Cárcel de Ventas a la checa de Fomento, que los asesina en el cementerio de Aravaca
	Número 4 Escrito que acredita la iniciativa y responsabilidad del Gobierno del Frente Popular en la creación y actividades criminales de la checa de Fomento, apareciendo este documento firmado por el ministro socialista Angel Galarza (anverso y reverso).
	Número 5 Un detenido suplica continuar en la prisión como único medio de salvar su vida amenazada.
	Número 6 Como respuesta, el director de Seguridad lo entrega al Comité de Investigación Pública (checa de Fomento), que lo asesina inmediatamente.
	Número 7 Texto del acta suscrita en 26 de febrero de 1933 por el capitán de Asalto don Gumersindo de la Gándara Marvella y sus compañeros señores Loma, Fernández Prieto, Rivas Artal y Hernández.
	Número 8 Orden judicial de libertad del capitán Gándara y de otros oficiales.
	Número 9 El vocal socialista de la checa de Fomento, Tomás Carbajo, reclama del director de Seguridad la entrega del capitán Gándara y de otros dos oficiales de Asalto que se encuentran presos en la Cárcel de San Antón.
	Número 10 Orden de entrega del capitán Gándara a la checa de Fomento, que sirvió para el asesinato de dicho oficial.
	Números 11 a 14. Tres víctimas de la checa de Fomento. Número 11 Don Mariano Pérez Sopeña.
	Número 12 Don Fernando Númez Grimaldos.
	Número 13 Don Alberto Tapia Ojembarrena.

2. SECRETARIA TÉCNICA DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD Y ESCUADRILLA DEL AMANECER

Desde el principio de los sucesos revolucionarios, la Secretaría Técnica del Director de Seguridad, dirigida por José Raúl Bellido, puso a disposición de las «checas» y milicias todos los elementos Informativos extraídos de sus archivo y ficheros, para que aquéllas cumpliesen mejor su criminal tarea. Al propio tiempo la misma Secretaria Técnica se encargaba de comunicar a la Prevención de la misma Dirección de Seguridad y a las cárceles aquellas órdenes de libertad que las «checas» y milicianos exigían como fórmula oficial cómoda y expeditiva para que les fuesen entregados aquellos presos cuyo asesinato se había decidido.

Pero no satisfecha la Secretaría del Director de Seguridad rojo con esta actividad burocrática, organizó bajo su dependencia un grupo de represión dedicado a detenciones, asesinatos, y saqueos, que unas veces se realizaban por órdenes superiores y otras por iniciativa de los propios componentes de este grupo, que radicaba en la propia Dirección, y que recibió el título de «Escuadrilla del Amanecer», debido a las horas preferidas por este grupo criminal para sus detenciones y registros domiciliarios, a fin de aumentar el terror de sus víctimas. La Prensa del Frente Popular elogió con frecuencia el celo demostrado por la «Escuadrilla del Amanecer» en la defensa de la República.

La Escuadrilla, cuyos miembros más destacados fueron Valero Serrano Tagüeña (luego uno de los más altos jefes del Ejército rojo), Eloy de la Figuera, León Barrenechea, Francisco Roig y Carmelo Olmeda (a) «Tarzán», constaba de más de un grupo y contaba entre sus componentes a varios guardias de Asalto, a cuyo Cuerpo pertenecía el referido Valero Serrano.

Además de los mencionados participaron activamente en los desmanes de la «Escuadrilla del Amanecer» Marcos de la Fuente Barco, Federico Pérez Díaz, Antonio Serrano Pontones, Abilio Sánchez Fraile y bastantes más.

Uno de los grupos más activos de la «Escuadrilla del Amanecer» era dirigido por un empleado de Hacienda, encartado por malversación, llamado Luis Pastrana Ríos, bajo cuyo mando se realizaron numerosos saqueos y asesinatos, entre ellos el del vecino de Las Rozas, Blas Riaza Bravo, de veintisiete años, detenido en dicho pueblo el 25 de septiembre de 1936 por el grupo de Luis Pastrana y asesinado en la noche del mismo día en la Ciudad Universitaria, en el curso del viaje de regreso de la Escuadrilla a Madrid.

Entre otras víctimas de las que en gran número cayeron asesinadas por la «Escuadrilla del Amanecer», pueden mencionarse a D. Luis Naranjo Calero, D. Julio González Gil, D. José María Sánchez Valero, D. José Luis Toca Mozo, D. Domingo Soria Andrés y doña María Mercedes García Vallejo. Tres de los miembros de la «Escuadrilla del Amanecer» fueron enviados, en octubre de 1936, a Albacete, por no estar satisfechas las Autoridades rojas del celo mostrado por aquella Policía en la represión ; los chequistas de Madrid, entre otros desmanes, llevaron a cabo el asesinato de la vecina de Albacete, doña Consuelo Flores, y en un escrito en que explicaban su gestión, aceptaban hipotéticamente tal hecho y se hacían responsables de él, consignando literalmente que el momento esencialmente revolucionario obligaba a prescindir de formas legales.

En algunas ocasiones la «Escuadrilla del Amanacer» , en lugar de realizar directamente los asesinatos, hacía entrega de sus detenidos a la «checa» de Fomento, que se encargaba de la ejecución.

Uno de los saqueos más productivos llevados a cabo por la «Escuadrilla del Amanecer» fue el de la caja fuerte del Marqués de Retortillo, que entre otros objetos preciosos poseía una valiosa colección de relojes de oro que conservaba en el Banco de España y que fue repartida entre los componentes de la «Escuadrilla del Amanecer». También se apoderó la Escuadrilla de numerosos cálices, custodias y otros objetos del culto.

Hasta bien avanzado el año 1937 prosiguen los asesinatos llevados a cabo por la «Escuadrilla del Amanecer», que había acompañado a la Secretaría Técnica en su traslado de edificio desde la Dirección de Seguridad a la calle de Alcalá, número 82. Una de las víctimas de esta etapa represiva fue el industrial D. Antonio Amores Miguel, que, para ser robado, fue asesinado el 30 de mayo de 1937 por la mencionada Escuadrilla. Una señorita, cuyas circunstancias personales constan judicialmente determinadas, fue detenida por unos componentes de la «Escuadrilla del Amanecer» en 3 de abril de 1937, y después de sufrir diversos ultrajes, fue asesinada en la Casa de Campo.

En el Heraldo de Madrid correspondiente al 13 de agosto de 1936 se publicó una crónica de elogio para la actuación de la «Escuadrilla del Amanecer», en la que se expresaba que dicha Escuadrilla había realizado hasta aquella fecha cuatrocientas ochenta y seis detenciones y unos doscientos registros, y que entre las detenciones más importantes figuraban las de D. Melquiades Alvarez, el doctor Albiñana, el Capitán Valdivia (Director de Seguridad en período republicano), el Capitán Gándara y el General Araujo, así como otros jefes militares ; todos los mencionados detenidos resultaron más adelante asesinados, sin respeto a su condición de presos.

También cooperó la «Escuadrilla del Amanecer» con las «checas» incontroladas anarquistas y comunistas; a la «checa» comunista de la calle de Méjico, 6, condujo la Escuadrilla, en 9 de noviembre de 1936, a D. Anselmo Parrondo González y a su hijo Anselmo Parrondo Rodríguez, de dieciséis años, que fueron inmediatamente asesinados.

Número 1 Una de las víctimas de la Escuadrilla del Amanecer. Don Blas Riaza Bravo.

3. CHECA DEL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD

En el mes de septiembre de 1936, una titulada Brigada de Servicios Especiales, directamente dependiente del entonces Subdirector General de Seguridad, Carlos de Juan Rodríguez, se incautó de varios pisos de la casa número 19 de la calle del Marqués de Cubas, preparando uno de estos pisos para el servicio particular del Subdirector de Seguridad y dedicando otro de ellos a «checa», en la que eran almacenados muchos objetos de valor procedentes de los registros realizados en los domicilios de las víctimas.

El jefe de la «checa» de la calle del Marqués de Cubas, número 19, fue un mallorquín de pésimos antecedentes morales, llamado Elviro Ferret Obrador, políticamente afiliado al partido Sindicalista, que era secundado por algunos agentes profesionales de Policía y por varios criminales de diversa procedencia, entre los que figuraba un tal Esteban Martínez Sánchez, natural de Caravaca (Murcia), que avanzada la guerra llegó a ser nombrado por el Gobierno rojo Gobernador Civil de la provincia de Granada, con residencia en la ciudad de Baza.

La «checa» de Marqués de Cubas se distinguió tanto por sus asesinatos y por los crueles malos tratos que hacía sufrir a los detenidos, como por sus actos de rapiña, disponiendo para la realización de la mayor parte de sus crímenes de los servicios de una «checa» auxiliar establecida en la calle de la Montera, número 22, donde funcionaba la Sociedad de Listeros y Encargados de Obras de la U. G. T., bajo el mando de Felipe Ortiz Torres ; los referidos milicianos acudían diariamente a la «checa» del Marqués de Cubas a recibir instrucciones y eran los encargados de sacar, por la noche, a los detenidos que iban a ser asesinados, según manifiestan coincidentemente los testigos, entre ellos doña Angeles Pereg Gómez, que con ocasión de haber permanecido detenida en dicha «checa», pudo enterarse de que siempre que había que realizar ejecuciones se llamaba por teléfono al Sindicato de la calle de la Montera, entre cuyos milicianos había uno apodado «el Chato»,

para que acudiesen a la «checa» de la calle del Marqués de Cubas, dándose el aviso en los siguientes términos : «Pasad a recoger uno o dos paquetes que son para vosotros», y coincidiendo estas llamadas con la desaparición de algunos detenidos.

La misma señora vio con frecuencia en la «checa» al Subdirector de Seguridad, Carlos de Juan ; a Angel Pestaña y a algunos otros dirigentes rojos, todos los cuales celebraron una comida el día 12 de octubre de 1936, que les fue servida en la vajilla del Marqués de Corpa, propietario del piso en que la «checa» había sido instalada.

Algunas de las muchas personas asesinadas por la «checa» de Marqués de Cubas son D. Andrés y D. Conceso Coso Langa, D. Emilio Llopis Roig, D. Manuel Laguillo Bonilla, D. Juan Vázquez Armero, D. Carlos Pajares Bectas y D. José Sureda Hernández.

Un modesto empleado municipal, vigilante nocturno, llamado Manuel Espasandín Bouza, que se atrevió, amparado en su carnet sindical obrero, a presentarse el 18 de septiembre de 1936 en la «checa» de la calle del Marqués de Cubas para interesarse por la libertad de un detenido, después de ser insultado soezmente y maltratado a golpes y bofetadas por varios chequistas que arremetieron contra él, quedó detenido ; siendo presenciada esta escena por la testigo doña Carmen Rodríguez Urba, a cuya instancia había emprendido Manuel Espasandín su gestión cerca de la «checa»;  Manuel Espasandín Bouza fue seguidamente asesinado, insertándose en el correspondiente anexo documental la fotografía obtenida del cadáver de la víctima.

También por coincidentes declaraciones testificales, consta que un legionario hecho prisionero por las fuerzas rojas en el frente de Navalcarnero, permaneció secuestrado en la «checa» mucho tiempo, durante el cual y diariamente, era bárbaramente maltratado, habiendo conversado con dicha víctima -cuya suerte final se desconoce- la también detenida doña Angeles Pereg.

Las actividades de la «checa» del Subdirector de Seguridad se extendieron a los pueblos próximos a Madrid, siendo numerosos los desmanes de todo orden y los saqueos realizados en la zona de Navalcarnero, recorrida por Elviro Ferret y sus secuaces durante la retirada roja impuesta por el avance nacional en septiembre y octubre de 1936.

No sólo saqueó Elviro Ferret los pisos de la casa de la calle del Marqués de Cubas, uno de los cuales pertenecía al Marqués de Corpa, sino también la vivienda particular del administrador de dicho Marqués, D. Manuel Miguel González, sustrayendo valores y alhajas, así como un juego de cubiertos de oro, que no han sido recuperados.

Los componentes de la «checa», bajo el mando de Elviro Ferret, participaron en el registro y saqueo que se hizo sufrir a los presos de la Cárcel Modelo, poco antes de la matanza organizada por el Frente Popular en dicha prisión el 22 de agosto de 1936. Y con motivo de estos últimos sucesos, según consta por declaraciones testificales, el Elviro Ferret se presentó en la prisión el 23 de agosto, acompañado de varios milicianos, y sacó de sus celdas al General D. Fernando Capaz, al político republicano D. Manuel Rico Avello y al ex Jefe Superior de Policía de Madrid, D. Pedro Rivas, que fueron asesinados.

Acompañando en su huída a los dirigentes marxistas, el grupo integrante de la «checa» de la calle del Marqués de Cubas se trasladó a Barcelona, donde Elviro Ferret, siempre al lado de Carlos de Juan, que ya era Director General de Seguridad, aparece como jefe de una nueva «checa» instalada en el número 54 del Paseo de Gracia, dedicado de una manera preferente al robo, hasta el punto de alcanzar estos actos de rapiña a súbditos extranjeros, como al francés D. Alberto Gabriel Laffite, que fue despojado de cuantas alhajas y objetos de valor fueron hallados en su poder, lo que motivó una reclamación formulada por dicho señor tan pronto éste se vio salvo en Francia.

En los primeros días del mes de abril de 1938, Elviro Ferret, acompañado de su mujer, Francisca Cruells Terrerols, y del abogado de Barcelona José María Xammar Salas, fue detenido por los servicios rojos de la frontera catalana en el pueblo de Llansá, cuando trataba de marchar a territorio francés, siéndoles ocupada una importante cantidad en dinero, así como doce cuadros que, según manifestó Xammar, estaban valorados en dos millones de francos ; el Ferret llevaba consigo un documento de libre circulación, expedido a su favor por el Director General de Seguridad, Carlos de Juan, encontrándose en posesión el abogado Xammar de otro salvoconducto y licencia de armas, firmada por el propio Carlos de Juan, que expresa que el José María Xammar presta sus servicios en la Dirección General de Seguridad. En otro documento fechado en 28 de marzo de 1938 y suscrito también por el mencionado Director General de Seguridad rojo, Carlos de Juan, se consignaba : «El coche B. 944 P., conducido por Antonio Soler Riau, y en el que viaja D. José María Xammar Sala, va hasta la frontera y continúa luego su viaje a Francia, efectuando un servicio especial interesado por esta Dirección. Ordeno a todas las Autoridades y fuerzas a mi mando no le pongan obstáculo alguno y le den facilidades para el cumplimiento de su misión.»

Seguido proceso por la jurisdicción roja de Espionaje y Alta Traición de Cataluña, con el número 15 del Juzgado número 4. rollo 340 de 1938, declara en 16 de abril de dicho año como testigo Carlos de Juan Rodríguez, quien concluye su declaración en los siguientes términos : «Que, a juicio del declarante, Elviro Ferret es un antifascista probado y que, como deja dicho, ha prestado grandes servicios a la Causa, no comprendiendo su supuesta evasión.»

Número 1 Una víctima de la checa del Subdirector de Seguridad. Don Manuel Espasandín Bouza.

4. CHECA SOCIALISTA DE GARCIA ATADELL

En el mes de agosto de 1936 el Gobierno del Frente Popular hizo numerosos nombramientos de Agentes de Policía, que recayeron casi exclusivamente en antiguos afiliados al partido socialista, como elementos de confianza para el régimen. Un numeroso grupo de estos improvisados Agentes de la Autoridad fue agregado a la Brigada de Investigación Criminal, funcionando dentro de ella de manera autónoma, bajo el mando del antiguo militante socialista Agapito García Atadell, tipógrafo, personalmente adicto a Indalecio Prieto. Este grupo socialista de nuevos Agentes de Policía bien pronto se desligó de su nominal relación de dependencia respecto de la Brigada de Investigación Criminal, y se trasladó a un hotel incautado en la calle de Martínez de la Rosa, número 1, asumiendo la denominación de Milicias Populares de Investigación de García Atadell

El personal de la «checa» se componía de cuarenta y ocho agentes, todos ellos de nuevo nombramiento, actuando como segundo Jefe Angel Pedrero García, y como Jefes de Grupo, Luis Ortuño y Antonio Albiach Chiralt.

La Brigada de Atadell gozaba para la realización de sus tropelías no sólo de autoridad oficial, sino de la plena asistencia de la Agrupación Socialista Madrileña y de la minoría parlamentaria del partido socialista, cuyos miembros -e incluso algún Ministro socialista, como Anastasio de Gracia- acudían a visitar la «checa» y a alentar a sus componentes. La Prensa marxista publicaba continuas informaciones de elogio para la Brigada de Atadell, así como fotografías del Jefe de la misma y de la visita de personalidades políticas y parlamentarias socialistas a la «checa». (En el correspondiente anexo se insertan algunas de estas noticias y fotografías.)

Por orden del Ministro de la Gobernación rojo, Angel Galarza, fue detenida y asesinada por la Brigada de Atadell la periodista, de nacionalidad francesa, Carmen de Bati, y detenido el periodista don Luis Calamita y Ruy-Wamba, adversario político de Angel Galarza, habiendo sido extraído luego de la cárcel, por orden expresa del Director de Seguridad y asesinado dicho Sr. Calamita. (Documentos 2 a 5).

Son muy numerosos los asesinatos cometidos por la «checa» de Atadell ; pero principalmente se dedicaba esta «checa» a robos de importancia, acumulando un verdadero tesoro, buena parte del cual se llevó consigo en su huida Agapito García Atadell.

La clave de los éxitos que en su campaña persecutoria alcanzó la «checa» de Atadell se encontraba en la asidua información que sobre la ideología política y religiosa, y muy especialmente sobre la posición económica de sus futuras víctimas, le suministraba la organización sindical socialista de los porteros de Madrid, cuyos diarios informes acerca de los inquilinos eran recogidos en la propia «checa» por un Comité de miembros de la misma, también porteros de profesión.

Los detenidos por la Brigada de Atadell que eran condenados a muerte por el Comité de la «checa» eran conducidos en automóvil por los propios Agentes de la Brigada a la Ciudad Universitaria y otras afueras de Madrid, donde se les asesinaba.

Entre las muchas víctimas de la «checa» de Atadell pueden mencionarse D. Luis Chico Montes, D. Luis Rodríguez Villar, don Agustín Corredor Florencio, D. Francisco Gonzalo Herrera, D. Miguel Fermín Imaz, D. Julián Apesteguía Urra, D. Pedro Fernández Molina, D. Rafael Benjumea Medina, D. Pedro Sáinz Marqués, D. Aurelio García Contento, D. Simón Serrano Benavides, doña Emiliana Castilblánquez Amores, doña Dolores Flores Castilblánquez, D. Doroteo Céspedes Marañón, D. León López de Longoria y Morán, D. Diego Benjumea Burín, D. Antonio y D. Bernardo Vidal Díaz, D. Víctor Delgado Aranda, D. José Agulló Lloret, D. Luis García Dopico, D. Carlos Bartolomé Capelo, D. Antonio Cumellas Alsina, D. Ricardo Beltrán Flores, D. Mariano Carrascosa Jaquotot, D. Mariano Poyuelo Pollán, don Emilio Picón Hernández, D. Julio Martínez Jaime, D. Juan Galduch Guerra, D. Rafael Calvo de León y Torrado y D. José Villanueva Tormo.

A fines de octubre de 1936 Agapito García Atadell, acompañado de dos secuaces de su confianza llamados Luis Ortuño y Pedro Penabad, pretextando un servicio de contraespionaje, abandonaron Madrid con cuanto dinero y alhajas de fácil transporte obtenidas en sus saqueos pudieron llevarse, y embarcaron para Marsella, donde vendieron los brillantes que llevaban, reembarcando a continuación para América ; pero habiendo tocado el barco que los conducía en el puerto canario de Santa Cruz de la Palma, afecto al Movimiento Nacional, fueron aprehendidos Agapito García Atadell y Pedro Penabad, que sometidos a proceso, fueron ejecutados por virtud de sentencia dictada en la ciudad de Sevilla por un Tribunal militar.

La Prensa del Frente Popular, antes tan pródigo en los elogios a la Brigada Atadell, al hacerse pública su fuga profirió toda clase de insultos contra el fugitivo, publicando noticias como la que seguidamente se reproduce, que une a su violencia de lenguaje muy escasa exactitud informativa :

El periódico de Madrid Política -que en su número del 30 de Septiembre de 1936 había escrito en elogio de Atadell una crónica titulada «Organismos regenerados.- La nueva Policía de la República»- inserta en su número de 26 de noviembre del mismo año, en la primera columna de su página dos, lo siguiente : "No hay perdón para los traidores. García Atadell y sus cómplices serán traídos a España.- Valencia 25. El Subsecretario de Justicia ha manifestado que había tenido una conferencia con el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo sobre la rápida tramitación del expediente de extradición de Agapito García Atadell y sus cómplices Penabad y Ortuño, detenidos en Francia en virtud de un servicio extraordinario, montado por la Policía española.»

Entre los documentos que se reproducen en el anexo que sigue figuran fotografías de los cadáveres de algunas de las víctimas de la «checa» de García Atadell, cuyas detenciones habían sido publicadas por la Prensa roja. También se insertan reproducciones fotográficas de los documentos -ya publicados en otra ocasión por el Gobierno español- que acreditan la activa participación de Angel Galarza en el asesinato de su adversario personal Sr. Calamita, detenido en virtud de sus órdenes por la Brigada de Atadell.

Desaparecido el jefe de la «checa», ésta se disuelve al poco tiempo, en noviembre del año 1936 ; pero, no obstante, sus principales componentes son designados en 1937 para desempeñar los mandos de los distintos departamentos del Servicio de Información Militar, creado por el Ministro de Defensa, Indalecio Prieto, que atribuyó la jefatura del nuevo organismo represivo en Madrid, a Angel Pedrero, antiguo subjefe de la «checa» de García Atadell.

	Número 1 Fotografía publicada en el semanario "Crónica", de 13 de septiembre de 1936.
	Número 2 Los hermanos Calamita, adversarios personales del ministro socialista Ángel Galarza, cuya política habían combatido en Zamora, son puestos a disposición de su enemigo, siendo los dos únicos presos directamente dependientes del ministro de la Gobernación.
	Número 3 Autógrafo del ministro de la Gobernación, socialista Galarza, que transfiere al director de Seguridad potestad sobre el detenido, como requisito previo para que dicho director de Seguridad ordene el asesinato del señor Calamita.
	Número 4 Al mismo tiempo que el volante anterior del ministro Galarza, es presentada en la cárcel esta orden del director de Seguridad, en cuya virtud es entregado el señor Calamita al pistolero Vicente Rueda, paisano del ministro, que asesina al preso inmediatamente.
	Número 5 “Registros y detenciones.- En el domicilio de Eduardo Barriobero González se sorprende a siete falangistas allí refugiados García Atadell tuvo noticias de que los conocidos fascistas hermanos Antonio, Bernardo y Ramón Vidal, en unión de otros, también falangistas, algunos de los cuales habían estado con los facciosos en Teruel, se hallaban escondidos en Madrid. Practicó laboriosas investigaciones y consiguió localizarlos en el domicilio de Eduardo Barriobero González, calle de Núñez de Balboa, núm. 8. Personadas allí las Milicias detuvieron a los siete afiliados a Falange, entre los que se encontraban, como decimos, los hermanos Vidal, el padre de éstos y el Capitán de Artillería, procedente de Asturias, Luis Rodríguez del Villar...» (Noticia inserta en el diario de Madrid Informaciones, correspondiente al jueves 17 de septiembre de 1936, página quinta, edición de provincias, que da cuenta de la detención, por la Brigada de Atadell, de los hermanos Vidal y Díaz y del Capitán Rodríguez del Villar, que sin pasar por ninguna prisión oficial fueron directamente asesinados por los Agentes de Policía, socialistas, dependientes de García Atadell.)
	Números 6 a 8. Tres de las víctimas de la checa de Atadell (la noticia de prensa antes inserta daba cuenta de su detención). Número 6 Don Luis Rodríguez Villar.
	Número 7 Don Antonio Vidal Díaz.
	Número 8 Don Bernardo Vidal Díaz.

5. ESCUADRILLA DE «LOS LINCES DE LA REPUBLICA»

Este grupo constituye una de las cuadrillas que con carácter oficial y ejerciendo la autoridad prestada por el Gobierno rojo, dedicaron al terrorismo en Madrid, por su cuenta y provecho, como las demás «checas», pero diferenciándose de éstas en su directa subordinación a las autoridades del Frente Popular, cuyas órdenes obedecieron, manteniendo con las autoridades referidas estrecha relación y sirviendo sus designios. En los primeros días del mes de agosto de 1936, la Dirección General de Seguridad ordenó la incorporación a dicho Centro de di terminado personal de Seguridad y Asalto, que había de formar en el expresado edificio un retén bajo la dependencia de la Secretaría particular del Director General de Seguridad Manuel Muñoz, a fin de realizar los registros, detenciones y demás servicios que la Inspección de Guardia o la Secretaría particular del Director ordenasen, en virtud de confidencias o noticias recibidas. Compusieron este grupo, entre otros individuos, Felipe Marcos García Redondo y Virgilio Llorente, ejerciendo el mando el entonces Teniente Juan Tomás Estalrich y un Capitán de Milicias llamado Emilio Losada, socialista y empleado temporero de la Sección de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.

El grupo, que recibió el título de «Linces de la República», se dedicó desde luego a la realización de asesinatos, detenciones y saqueos, siendo muy frecuentemente elogiados los servicios de la referida escuadrilla de «Los Linces» en sueltos publicados por la Prensa de Madrid durante los primeros meses de la subversión roja.

Según declaración prestada por el miembro de la escuadrilla de «Los Linces», Felipe Marcos García Redondo, ante la Causa General, el 2 de febrero de 1943, las alhajas y objetos de mayor valor habían de ser llevados al despacho del propio Director de Seguridad Manuel Muñoz, y entregados a éste en persona, recordando el declarante haber sido mandado llamar por dicho Director de Seguridad, a fin de que le entregara un cáliz y una custodia procedentes de un registro realizado en una casa de la calle del Barquillo.

A mediados de septiembre de 1936, la escuadrilla de «Los Linces de la República» fue agregada al Cuartel general del Teniente coronel Mangada, que tenía su puesto de mando en la Casa de Campo ; a las órdenes del Teniente coronel Julio Mangada, y como escolta personal suya, siguió actuando la escuadrilla del mismo modo que hasta entonces lo había realizado a las órdenes del Director de Seguridad, corriendo a su cargo las detenciones y asesinatos que la política represiva de aquella unidad militar roja imponía ; si bien la Prensa roja de 17 de septiembre de 1936 se refirió a méritos de guerra contraídos dentro de las milicias de Mangada por la escuadrilla de «Los Linces de la República», la misión específica de dicho grupo era exclusivamente represiva, siendo ficticios aquellos méritos, como pretexto para obtener ascensos, según manifestaciones del mencionado Felipe Marcos García Redondo.

La escuadrilla se relacionaba de un modo preferente y constante con la «checa» oficial establecida en la calle de Fomento (Comité Provincial de Investigación Pública) y con la «checa» socialista dirigida por Agapito García Atadell, bajo la dependencia de la Dirección General de Seguridad.

Entre los desmanes cometidos por «Los Linces de la República» figuran los asesinatos de D. Hipólito Gete García y D. Luis Gete Hernández y la detención de D. Eusebio y D. Tomás Merás del Hierro, que después de ser conducidos al puesto de mando de Mangada, en la Casa de Campo, fueron entregados para su ejecución a la «checa» de Fomento, que los asesinó seguidamente. (El Subjefe de la escuadrilla de «Los Linces», Felipe Marcos García Redondo, ha sido personalmente reconocido por testigos presenciales como cabecilla del grupo de Guardias de Asalto y milicianos que secuestraron a las víctimas D. Eusebio y D. Tomás Merás.)

En los días 29 y 30 de noviembre de 1936, «Los Linces de la República» detuvieron a doña Laura López Jáuregui y a los hijos de dicha señora, Isabel y Salvador Renedo López, así como a la señorita María de la Luz Alvarez Villanueva. A continuación fue también detenida la niña de quince años Laura Renedo López, que por hallarse enferma no había sido detenida al mismo tiempo que su madre y sus hermanos. Las personas secuestradas fueron conducidas al puesto de mando del Teniente coronel Mangada, establecido en aquella época en el Palacio Nacional, donde se decidió el asesinato de todas ellas, sin que ni siquiera fuera perdonada la vida de la menor Laura Renedo.

Juan Tomás Estalrich, de desfavorables antecedentes morales, obtuvo sucesivos ascensos dentro del Ejército rojo, y en marzo de 1939 mandaba una de las Brigadas que participaron en la revuelta que, dentro de la propia zona roja, trató de implantar la dictadura comunista de Negrín. El Subjefe de la escuadrilla, Felipe Marcos García Redondo -que era cabo de Asalto en 18 de julio de 1936-, fue promovido a Capitán por el Gobierno marxista.

	Número 1 Grupo de componentes de la Escuadrilla, con uniforme del Cuerpo de Asalto.
	Número 2 «La escuadrilla denominada «Linces de la República», al mando del Teniente D. Juan Tomás Estalrich y el Suboficial de Asalto D. Marcos García Redondo, ha practicado un registro en el domicilio del Abogado César de la Mora (Alcalá, 66). Se encontraron varios relojes y mantones de Manila, 300 kilos de plata, tres millones de pesetas en acciones y alhajas de oro por valor de 25.000 pesetas. La escuadrilla ha donado 300 botellas de vino para el Hospital de sangre de los Guardias de Asalto. Estas botellas fueron halladas durante el mencionado registro. También fueron donadas para las milicias de Mangada mantas, cajas de manteca y azúcar.» Noticia publicada en el periódico de Madrid El Liberal, correspondiente al martes día i de septiembre de 1936, en su página 6.
	Número 3 «Registros y detenciones.- La escuadrilla de «Los Linces de la República» está de enhorabuena, pues el martes fueron ascendidos por méritos de guerra, contraídos en la acción de Navalperal en la noche del pasado día 13, el Teniente D. Juan Tomás Estalrich, a Capitán; el Suboficial D. Marcos García Redondo, a Alférez, que es el primer caso de ascenso en el Cuerpo de Seguridad de clase a Oficial por méritos de guerra, y el Cabo D. Joaquín Carrasco García, a Sargento.» Noticia publicada en el periódico El Liberal, de Madrid, correspondiente al día 17 de septiembre de 1936, página 7ª.

6. «CHECA» DE LA CALLE DEL MARQUES DE RISCAL, NUM. 1

Una de las «checas» de más sangrienta actuación fue la que establecieron en la calle del Marqués del Riscal, núm. 1, de la capital, unas milicias del Círculo Socialista del Sur, convertidas más adelante en 1ª Compañía de Enlace de la Inspección General de Milicias Populares, bajo la inmediata dependencia del entonces Ministro de la Gobernación, Angel Galarza Gago, y dedicadas al servicio de escolta personal del mismo y a la protección del edificio del Ministerio de la Gobernación.

No obstante el carácter predominantemente socialista de la «checa» de la calle del Marqués del Riscal, algunos de sus cabecillas y milicianos pertenecían a otras fracciones del Frente Popular y, principalmente, al Partido de Izquierda Republicana. El jefe nominal de la «checa» era un militante del Partido de Izquierda Republicana, llamado Alberto Vázquez, que se atribuyó el grado de Capitán.

Los detenidos solían ser maltratados cruelmente y ejecutados en los altos del Hipódromo y en la Pradera de San Isidro.

El Ingeniero D. Alfredo Fernando Langa, detenido en la «checa» del Marqués del Riscal, después de ser brutalmente maltratado de obra, fue sacado en la noche del 26 de agosto de.1936, en unión de los también detenidos, D. Felipe Arana Vivanco, D. José María Rodríguez Alcalá, D. Pablo Cáceres, D. Teodoro Menéndez y un religioso capuchino conocido por el Padre Gregorio ; conducidos todos ellos en automóvil a los altos del Hipódromo, fueron puestos en fila para ser fusilados, recibiendo en aquel momento la absolución dada por el religioso ; pero como en aquel mismo instante se oyera una trepidación de motores y fuesen descubiertos unos aviones nacionales en vuelo sobre aquel lugar, los milicianos, atemorizados, no aseguraron bien su puntería, por lo que el declarante, Sr. Fernández Langa, no fue tocado por los disparos que causaron la muerte de sus compañeros, y tras grandes esfuerzos consiguió huir y ponerse a salvo.

Las alhajas y objetos de valor obtenidos por los milicianos de la «checa» en sus registros y saqueos eran entregados a un fundidor, dependiente del Círculo Socialista del Sur, que después hacía entrega del metal fundido al Director General de Seguridad, Manuel Muñoz.

Los cabecillas de la «checa» mantenían trato muy asiduo con el Ministro Angel Galarza, al que acompañaron, sirviéndole de guardia personal, la mayoría de los milicianos de la «checa» mencionada cuando en noviembre de 1936, Galarza, con los restantes Ministros de aquel Gobierno, huyó de Madrid para refugiarse en Levante. El titulado Capitán Alberto Vázquez, de acuerdo con el Ministro Galarza, se encargó de transportar desde Madrid a Barcelona unas maletas con valiosísima carga, directamente confiada a Vázquez por el Director de Seguridad Manuel Muñoz ; pero en Barcelona las patrullas de control de la C. N. T. detuvieron a Alberto Vázquez y a sus milicianos y les despojaron de las maletas.

Oficialmente, la «checa» de la calle del Marqués del Riscal -que tenía dos sucursales, establecidas, respectivamente, en la calle de Fernández de la Hoz, núm. 7, y en la calle de Caracas, 17- dependía de la Inspección General de Milicias Populares, mandada por el Comandante Barceló, ejerciendo directa inspección sobre la «checa» un ayudante de Barceló, llamado Justiniano García, a cuyo cargo corría el régimen de las «checas» que las milicias populares del Comandante Barceló tenían repartidas por todo Madrid.

Entre las numerosas víctimas de la «checa», muchas de ellas identificadas, figuran D. Ricardo Blanco Muguerza, D. Fernando Campuzano Horma, D. Tomás Jiménez García, D. Apolinar Marcos Clemente, D. Antonio Alonso Sánchez, D. Edelmiro Feliú Vicent, don Bernardo del Amo Díez, D. Pedro Monge Vilches, D. Eduardo López Ordas, D. Felipe Arana Vivanco, D. Arturo Gutiérrez de Terán, don Martín Rosales González y su hijo Martín Rosales y Rodríguez de Rivera, D. Nicolás Alcalá Espinosa, D. Alfonso Abad Zayas, doña Anselma Valdeolmillos Abril, D. Juan y D. Rafael Baíllo Manso, D. Valentín Céspedes Mac-Crohon, D. Luis Gutiérrez Cobos, D. José Gordón Pinos, D. Constancio Alonso Ruano, D. Vicente Gargallo Angla, D. Genaro Juanes Abascal, D. Francisco Baró Reina, D. Javier Leiva Olano, don Luis Moctezuma Gómez de Arteche (Duque de Moctezuma), D. Julio González Valerio, D. Leoncio González de Gregorio y su hijo Pedro María González de Gregorio, D. Juan Velasco Nieto, D. Francisco Sendín Navarro Villoslados, D. Luis Tauler Esmenota, D. Ignacio de Velasco y Nieto y D. Victoriano Roger. Numerosos sacerdotes y religiosos fueron torturados en la «checa», entre ellos, D. Manuel López García de la Torre, de la Parroquia de San Andrés, habiendo sido ultrajadas unas religiosas del Servicio Doméstico.

Ya en Valencia los componentes de la «checa» del Marqués del Riscal, el Ministro Angel Galarza les encomendó la constitución de la «checa. de Santa Ursula, formando a base de dichos elementos una Policía política que funcionó hasta 1938, bajo el nombre de Departamento Especial de Información del Estado (D. E. D. I. D. E.).

7. «CHECA» DE LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA MADRILEÑA

Por iniciativa de Enrique de Francisco, Diputado y dirigente de la Agrupación Socialista Madrileña, se instaló en un palacio incautado por dicho Partido y que era propiedad del Conde de Eleta, en la calle de Fuencarral, núm. 103, un departamento de dicha Agrupación que recibía el nombre de Comisión de Información Electoral Permanente (C. I. E. P.), y que, por haber tenido a su cargo durante los períodos electorales el estudio del censo de la capital, poseía una información bastante completa acerca de la ideología política de los vecinos de Madrid. De dicho departamento se hizo cargo el militante socialista Julio de Mora Martínez, que fue también encargado por Enrique de Francisco del cobro de las rentas de unas mil fincas urbanas de que el Partido Socialista se había apoderado en Madrid, reemplazando a los propietarios en el cobro de las mismas, que quedaban en beneficio de dicho Partido.

Pero la fundamental misión de la C. I. E. P. fue la represiva, aprovechando los datos resultantes de sus trabajos preelectorales ; la «checa» de la calle de Fuencarral, núm. 103, realizó multitud de asesinatos y detenciones, y para mayor facilidad en su tarea fue adscrito a la referida «checa» un grupo de agentes de policía de nuevo nombramiento, afiliados al Partido Socialista, bajo el mando de un agente profesional, también marxista, llamado Anselmo Burgos Gil -más adelante jefe de la escolta del Embajador soviético- y del también agente profesional marxista, David Vázquez Baldominos, que después fue Comisario general de Policía y tuvo destacada intervención, al servicio de la G. P. U., en el secuestro del jefe trotskista Andrés Nin.

Entre otros muchos asesinatos cometidos por la «checa» de la Agrupación Socialista Madrileña, pueden recordarse los de D. Carlos Echeguren Ocio, D. Candelas Peñalver García, D. Apolinar Marcos Clemente, D. Juan Alamedas Jiménez, D. José Eugenio Medina Gestoso, D. Enrique García Arregui, D. Feliciano Insaurriaga Anguita, D. Alejandro Tovar y Cabrera, D. Humberto Calderón Rivadeneyra, D. Carlos Marcos Salderreyan, D. Enrique García Robles y D. Fidel González y González, siendo muchos los detenidos entregados por la «checa de Julio de Mora a la «checa» de Fomento para su asesinato y también muy numerosos los conducidos a la cárcel y asesinados después.

La testigo doña Clementina Renedo Velasco manifiesta ante la Causa General que, en ocasión de ser interrogado en la «checa» de Fuencarral, núm. 103, el tío de la declarante, D. Casimiro Velasco Casanueva -detenido en 12 de octubre de 1936 y asesinado poco después-, un miliciano preguntó al jefe de la «checa» referida, Julio de Mora, qué debía hacerse con unas religiosas que acababan de detener, a lo que Mora contestó que matarlas.

Consta acreditado que Julio de Mora dió instrucciones para la apertura, en agosto de 1936, de unas fosas en el monte del pueblo de Boadilla, que habían de servir para la inhumación de las numerosas víctimas que desde las «checas» de Madrid eran conducidas al referido monte para su asesinato.

Julio de Mora, jefe de la «checa» de la Agrupación Socialista Madrileña, y cuyo oficio real era el de albañil, fue nombrado por el Ministro socialista Francisco Largo Caballero, en febrero de 1937, Inspector del Ministerio de la Guerra, con la graduación de Coronel y, más tarde, Presidente de la Comisión Depuradora del Cuerpo de Asalto y jefe del Departamento Especial de Información del Estado (D. E. D. I. D. E.) de Madrid, hasta el 26 de marzo de 1938, en que dicho servicio fue disuelto e incorporado al S. I. M.

Casi todas las Comisarías de Policía de Madrid -en las que los pocos funcionarios profesionales que no habían sido asesinados, encarcelados o separados de sus puestos, se encontraban cohibidos ante la preponderancia de elementos improvisados por el Frente Popular, que ejercían el mando y constituían el mayor número dentro del personal de Cada Comisaría- hacían constantes entregas de detenidos, por su propia decisión o por órdenes expresas de la Dirección de Seguridad, a la «checa» oficial de la calle de Fomento o a las demás «checas» de Madrid, siendo muy numerosas las denuncias presentadas por estos motivos al ser liberado Madrid por el Ejército Nacional.

Sin hacer mención especial y separada en este aspecto de cada una de las Comisarías de Policía de Madrid, merece especialmente ser destacado el caso de la Comisaría de Buenavista, tanto por la significación criminal de su jefe, Luis Omaña -elevado por el Frente Popular desde la categoría de Agente al grado de Comisario-, como por la actuación sanguinaria del Consejillo político constituido en dicha Comisaría en noviembre de 1936 por los miembros de la disuelta «checa» de Fomento, Bruno Carreras Villanueva, Benigno Mancebo Martín y varios facinerosos más que secundaban a los mencionados.

A las actividades del grupo de confianza de Omaña cooperaron desde el primer momento milicianos de distintos Centros que acudían a la Comisaría de Buenavista. El grupo de Omaña practicaba el saqueo en gran escala, llevándose sus miembros a casa cuanto podían, con ocasión de los registros realizados.

Dentro de la Comisaría, los pocos Agentes profesionales que quedaban, salvo los incondicionales de Omaña, se encontraban acobardados y vigilados por el grupo de éste, encontrándose en la misma situación los Guardias de Seguridad antiguos.

Entre los individuos pertenecientes a organizaciones extremistas que acudían a entrevistarse con los miembros del Consejillo de esta Comisaría, a partir de noviembre de 1936, puede señalarse a uno conocido por «Matacuras», chófer del Puente de Vallecas, que constantemente se jactaba de sus asesinatos.

Un forajido llamado Santiago García Imperial, llegó a actuar como segundo jefe de la Comisaría, cometiendo multitud de asesinatos y apartando de lo incautado en los saqueos cuanto le convenía ; el referido sujeto, en sus conversaciones con los miembros del Consejillo, Benigno Mancebo y Bruno Carreras, se jactaba de estas fechorías, así como de los éxitos que alcanzaba aprovechándose de la situación de angustia de las mujeres que iban a interesarse por sus familiares detenidos, para abusar de ellas ; conversaciones escuchadas por varios testigos, entre ellos por el Conserje de la Comisaría D. José Hernández Díaz, que se ha referido a ellas en declaración testifical prestada ante la Causa General en Madrid en 24 de marzo de 1941.

Los asesinatos llevados a cabo por la «checa» del Distrito de Buenavista fueron numerosísimos, pudiendo mencionarse los siguientes, que han sido concretamente denunciados a las Autoridades nacionales por los familiares de las víctimas : D. Joaquín Grau y Crespo, D. José Velázquez Tílez, D. Joaquín Martín Criado, D. Antonio Arenas Ramos, D. Juan Ramis Meas, D. Teófilo Chico García, don Juan José Echevarría Orejón, doña María Gómez, D. Joaquín Pérez Linares, D. Guillermo Villamora Pablo, D. Angel Esteve Jimeno, don Francisco Cobos Carmona, D. Antonio Flores Guillamón, D. Rodolfo del Castillo Martí, D. Rafael Mondria Merín, D. José Rico Martín, don Carlos Navarro y Díaz Agero, D. Julio Llantada Martínez, D. Miguel de la Torre de Traviena, D. Manuel Grande Magdalena, D. Miguel Lahoz Burillo, D. Severino Guspegui Suescun, D. Ricardo Nárdiz Zubía, D. Enrique Rodríguez Hurtado, D. Rafael Bartolomé y Fernández de Angulo, D. Germán Garibaldi González, D. Pedro Onsurbe Molinero, D. Domingo Soria Andrés, D. Tomás Bueno Romero, D. Tomás Rodríguez Losada, D. Pedro Ardura Gallo, D. Manuel Albite Antero, don Antonio Dávila Avalos, D. Juan Tomás Rodríguez Romero, D. Manuel Ramos Roales y los Agentes de Policía D. Antonio Gil Varela, don Basilio Gamo y D. Mariano Fernández de la Cruz, así como D. Manuel Sánchez Peláez, cuñado del anterior.

Doña Teresa Polo Jiménez fue asesinada en 29 de noviembre de 1936 por los elementos afectos al Consejillo de Buenavista, que la despojaron previamente de 5.000 pesetas y de las alhajas que llevaba. Este asesinato determinó que el súbdito italiano Angel Lorito, a la sazón Comandante de las Brigadas Internacionales rojas -que se había esforzado inútilmente por lograr la libertad de la víctima, que era ajena a toda actividad política-, manifestase ante las Autoridades judiciales marxistas de Madrid (rollo 2.045 de 1937) que, indignado por este hecho, había solicitado su inmediato regreso al extranjero, pues él defendía una causa, pero no podía hacerse cómplice de un asesinato».

Con el Consejillo del Distrito de Buenavista cooperaban estrechamente otras «checas» de Madrid, como la «Escuadrilla del Amanecer» , los Centros anarquistas del Puente de Vallecas y el 14 Batallón de Izquierda Republicana, que radicaba en la calle de Mondéjar, número 2.

8. SERVICIOS ESPECIALES DEL MINISTERIO DE LA GUERRA

Iniciado el Movimiento Nacional, el Ministerio de la Guerra del Frente Popular crea su «checa» propia, que recibe la denominación de «Servicios Especiales de Prensa y Propaganda S. S.», que bajo la nominal dependencia de la Segunda Sección del Estado Mayor, corre en un principio a cargo de Fernando Arias Parga, de procedencia universitaria, y de Prudencio Sayagües, dirigente de las Juventudes de Izquierda Republicana. Ambos individuos fueron secundados por un Capellán castrense, alcohólico, colaborador de Azaña en 1932, y puesto al margen de la disciplina eclesiástica, llamado Pablo Sarroca Tomás, que actuaba como interrogador de los detenidos, así como por una cuadrilla de pistoleros, entre los que destacaban unos hermanos comunistas apellidados Colinas Quirós, dedicados, bajo pretexto de actividades de contraespionaje, a la realización de detenciones y asesinatos de personas disconformes con la ideología y con los procedimientos del Frente Popular.

El terror practicado por este departamento se extendió a los pueblos de las provincias de Madrid y Toledo, pudiendo señalarse como ejemplo el caso ocurrido en el pueblo de Navalucillos (Toledo), donde un comisionado de Servicios Especiales obtuvo por la violencia una importante suma de dinero y mandó asesinar a numerosos vecinos de la localidad, totalmente ajenos a la política.

En noviembre de 1936, aterrados Fernando Arias y Prudencio Sayagües ante el avance del Ejército nacional, siguen al Gobierno rojo en su huída a Levante y dejan abandonado el Departamento de Servicios Especiales del Ministerio de la Guerra, hasta que el cabecilla anarquista Manuel Salgado, por orden del Secretario del Comité Regional de Defensa de la C. N. T., Eduardo Val, se hace cargo, sin contar con nadie, de la dirección de dichos Servicios, quedando desde aquel momento la «checa» de los Servicios Especiales del Ministerio de la Guerra -que pasaron a llamarse «del Ejército del Centro»- como una sucursal más del Comité Regional de Defensa de la C. N. T., a cuyas órdenes actuaba Manuel Salgado.

Bajo el mando de Salgado, que se encontraba acompañado de un grupo de anarquistas, la «checa» de Servicios Especiales -trasladada por entonces al edificio del Ministerio de Hacienda- continuó los asesinatos y desmanes característicos de esta «checa» desde su creación, existiendo constancia de numerosas víctimas, extraídas algunas de ellas de la cárcel para ser asesinadas. También son conocidos los malos tratos que recibían los detenidos, principalmente, desde que un grupo socialista, procedente de la disuelta `«checa» de García Atadell, y mandado por Angel Pedrero, entró a reforzar, bajo el mando supremo del anarquista Manuel Salgado, el personal de la «checa» de Servicios Especiales.

De acuerdo con el Comité Regional de Defensa de la N. T., los Servicios Especiales realizan innumerables crímenes, pudiendo ser citado, entre otros muchos, el asesinato de varios jóvenes detenidos el 13 de diciembre de 1936 en la calle de Pontejos y en la de los Caños, por un grupo de dinamiteros anarquistas que condujeron a sus víctimas a un descampado próximo a Chamartín de la Rosa, donde  loss referidos jóvenes fueron asesinados y despojados a continuación de cuantas alhajas y objetos de valor llevaban encima ; el crimen fue presenciado por un mecánico llamado Modesto Eraña Elguiazu, que fue obligado por los asesinos a ir en uno de los automóviles, y que ha relatado el hecho ante las Autoridades judiciales nacionales. Las once víctimas fueron D. Enrique Gómez Gallardo, D. Antonio Gómez Martín, Pedro Sanz Villegas, D. Pedro Bernabeu Villegas, D. José Molina Oltra, D. Antonio, D. Pascual y D. Julián Martínez Martín y D. Secundino Rodríguez, sin que conste la identidad de los dos restantes. Dirigió personalmente el crimen un agente provocador de Servicios Especiales.

Los dos casos de mayor importancia en que se acusa la intervención de la «checa» de Servicios Especiales, son los relativos al asesinato del diplomático belga Barón .Jacques de Borchgrave y a la instalación de la falsa Embajada de Siam, que costó la vida a varias personas que, cayendo en el engaño discurrido por el Jefe de Servicios Especiales, se acogieron a la protección de la fingida representación diplomática.

Respecto del asesinato del Barón Jacques de Borchgrave, dictamen publicado en el año 1939 por la Comisión española de juristas que informó sobre la ilegitimidad de los poderes del Frente Popular, dio cuenta de este crimen incalificable cometido por agentes oficiales del Gobierno rojo, el que por su parte intentó rehuir toda responsabilidad y aun trató insidiosamente de achacar a la víctima actividades de espionaje, siendo así que tan sólo atendió piadosamente al amparo de personas desvalidas y a inquirir los deseos de repatriación de sus compatriotas, alistados con engaño en las Brigadas Internacionales y que aspiraban a regresar a su país.

Las pesquisas realizadas a raíz del crimen por las Autoridades rojas que, perfectamente enteradas de lo ocurrido, simularon la instrucción de un procedimiento judicial, no condujeron al descubrimiento ni al castigo de los culpables, no habiéndose practicado una sola detención con tal motivo.

Las investigaciones judiciales practicadas desde 1939 por la Justicia nacional, han puesto en claro que, detenido el Barón de Borchgrave el 20 de diciembre de 1936 por los agentes de Servicios Especiales, fue primeramente conducido a una «checa» de la calle de Fernández de la Hoz, número 57, en la que permaneció algunas horas, y trasladado desde allí a la calle de Serrano, número 111, donde funcionaba el Comité Regional de la C. N. T., verdadero rector de las actividades de los Servicios Especiales del Ministerio de la Guerra ; acordado el asesinato de Borchgrave, el crimen se realizó en el kilómetro 5 de la carretera de Chamartín a Alcobendas, donde fue hallado el cadáver, habiéndose apropiado un chófer apellidado Lozano el abrigo de cuero de la víctima, y habiéndose entregado el reloj de la misma a Eduardo Val, Secretario del Comité Regional de Defensa.

Las iniciales marcadas sobre la ropa interior del señor Borchgrave habían sido recortadas, con la evidente intención por parte de los asesinos, de evitar la identificación del cadáver, que, no obstante, fue posible gracias a la marca del sastre, que se conservó en el traje. El cadáver del Sr. Borchgrave (que fue hallado al mismo tiempo que los cuerpos de otras dos personas asesinadas, un hombre y una mujer), había sido despojado de su reloj de pulsera, de sus gemelos de puños, de su botonadura de camisa, de su calzado y calcetines y de su abrigo de cuero de automovilista. Fue enterrado el cadáver en una fosa del cementerio de Fuencarral, en unión de otros veinte más, y al ser exhumados los restos mortales de la víctima, rescatados por el Gobierno belga, todavía durante el dominio marxista, se apreció que el Sr. de Borchgrave había recibido tres heridas de arma de fuego : Una en la ingle izquierda, otra de calibre más pequeño en el omóplato izquierdo y otro disparo, con bala de calibre 9, detrás de la oreja del mismo lado.

Ante la protesta del Encargado de Negocios belga, Vizconde Berryer, el entonces Jefe Militar de Madrid, General Miaja, llamó a su presencia, para encargarle del descubrimiento y captura de los asesinos, al propio Jefe de Servicios Especiales, organismo que precisamente había asesinado al Sr. Borchgrave, por lo que, como es lógico, los asesinos no fueron descubiertos ni capturados. Todos estos extremos se encuentran corroborados tanto por las ineficaces diligencias entonces instruidas por las Autoridades judiciales rojas, como por la declaración prestada en Madrid, ante la Autoridad judicial nacional, por M. Huberto-José Chabot y Rothy.

Los testigos D. Enrique López y López y D. José Pérez Padín, que por mantener un trato obligado en aquella época con el Jefe y los Agentes de los Servicios Especiales del Ministerio de la Guerra, oyeron conversaciones relativas al asesinato de M. Jacques de Borchgrave, han manifestado con todo detalle ante la Causa General de Madrid las maniobras de Manuel Salgado y sus agentes, así como de las diversas autoridades oficiales del Frente Popular, para ocultar la verdad de lo ocurrido e incluso para enturbiar la reputación de la víctima, atribuyéndole manejos de espionaje, obrando también declaraciones de algunos de los complicados, que trasladaron al detenido desde la «checa» de Fernández de la Hoz, núm. 57, hasta la de Serrano, 111 -de la que salió para el lugar del asesinato-, que han permitido reconstruir el suceso.

Promovida reclamación por razón de este crimen impune ante el Tribunal Internacional de La Haya, el Gobierno marxista recurrió a los buenos oficios del Abogado D. Felipe Sánchez Román ; este señor -reconciliado con el Frente Popular, que había sido repudiado por él en 1936- se esforzó en acallar el escándalo en que el Gobierno rojo español se encontraba envuelto, y como resultado de estas gestiones, se negoció la siguiente fórmula, propuesta por el Embajador del Frente Popular en Bruselas, en 21 de diciembre de 1937: «El Gobierno español reconoce que, a pesar de la actividad desplegada al comienzo de la instrucción, ha habido un desfallecimiento por parte de nuestros servicios judiciales en la prosecución del asunto, aumentado por las dificultades de encontrar la pista. Todo ello producido por las circunstancias excepcionales en que se encontraba Madrid en aquella época. El Gobierno español presenta al belga sus excusas. El Gobierno belga reconoce que ningún agente gubernamental parece haber tenido, directa o indirectamente, participación en el asesinato del Barón de Borchgrave. Y que la responsabilidad del Gobierno español no se encuentra comprometida en este punto. Ambos Gobiernos deciden, de común acuerdo, que en estas circunstancias no hay lugar a proseguir el asunto.»

En el ministerio español de Asuntos Exteriores, una lápida colocada en lugar de honor, recuerda desde la liberación de Madrid por el Ejército nacional el nombre del Barón de Borchgrave.

Por lo que se refiere a la falsa Embajada de Siam, el Jefe de Servicios Especiales, Manuel Salgado, utilizando los servicios del conocido estafador Antonio Verardini Díez, Comandante del llamado Ejército popular, y de un agente provocador que había pertenecido a un partido político de derechas, decidió fingir una Embajada bajo el pabellón de Siam, en la que Verardini actuaría como Embajador ; la finalidad de esta maniobra era atraer a dicho local personas de buena posición económica y deseosas de hallar un amparo eficaz en medio de la inseguridad en que vivía Madrid, con el deliberado propósito de robarlas y asesinarlas.

La falsa Embajada se instaló en un hotel de la calle de Juan Bravo, número 12, y en ella buscaron refugio diversas personas, cuyas conversaciones eran escuchadas por los rojos a través de un micrófono oculto en el comedor donde los asilados se reunían.

A mediados de diciembre de 1936 y después de varios días de permanencia en la falsa Embajada de Siam, los acogidos a la misma fueron sacados por unas milicias de la C. N. T. y asesinados, siendo los nombres de las víctimas D. José María Reus Ruiz de Velasco, D. Abdón López Turrión, D. Fernando Guillis Merceded, D. Manuel Laguna Alfonso, D. Francisco Barnuevo Sandoval y D. Enrique Larroque Echevarría.

Los señores Barnuevo y Larroque habían pasado previamente por un piso de la calle de Alarcón, número 4, que también y con el mismo designio criminal, figuraba como refugio diplomático.

La Autoridad jurisdiccional roja siguió, por otros motivos, un procedimiento con el número 53 del año 1937, del Juzgado número 3 de Espionaje, y número 2 de 1938, del Juzgado especial, contra varios encartados acusados de espionaje en contra del régimen rojo, e incidentalmente, y por declarar como testigos en dicho procedimiento el Jefe de los Servicios Especiales, Manuel Salgado, y el titulado Comandante, Antonio Verardini, se consignan alusiones al asunto de la falsa Embajada de Siam :

Al folio 119 vt.° y 120, obran los siguientes particulares de la declaración prestada en 11 de mayo de 1937 por Antonio Verardini Díez-Ferreti, soltero, de veinsiete años, con domicilio en Madrid, calle de Torrijos, núm. 26: «... Que la decisión de liquidar la Embajada de Siam fue por iniciativa del Jefe de Servicios Especiales, D. Manuel Salgado. ... Que el que declara era Agente del Servicio Especial por elección del Jefe en dicho Servicio, D. Manuel Salgado, quien le utilizaba en la forma que creía conveniente, sirviéndose al mismo tiempo el que habla de personas a las que utilizaba como agentes suyos.»

A los folios 122 a 124, en declaración prestada por el jefe de los Servicios Especiales, Manuel Salgado Moreira, en 12 de mayo de 1937, se manifiesta por dicho individuo: «... Que... utilizó como gente suyo en los Servicios Especiales del Ministerio de la Guerra, de que es Jefe, al Comandante Verardini... Que por tener confidencia de que los individuos refugiados en las Embajadas trataban de provocar un conflicto de orden público, echándose a la calle armados en el momento de aproximarse los facciosos a Madrid, el que declara, de acuerdo con Verardini, al margen de Servicios Especiales y para informarse de la veracidad de la confidencia, entablando relaciones con las Embajadas, discurrió la creación de la Embajada de Siam, aprovechando que se trataba de un país poco conocido y que no tenía representación diplomática en Madrid... Que dichos refugiados fueron llevados... de acuerdo con Verardini, ignorando el que declara en qué forma, exceptuando al Sr. Aceituno, que se encontraba detenido en el Servicio Especial y que el declarante dispuso fuese a la Embajada, figurando que era puesto en libertad. Que es cierto que el declarante estuvo en una ocasión en la Embajada de Siam con Verardini, escuchando a través de un micrófono instalado las conversaciones de los refugiados... Que los gastos de la Embajada los debieron sufragar Verardini y los centros y ateneos políticos que por entonces subvenían a estas necesidades. Que, habiéndose convencido por su propia observación de que era ineficaz servicio de la Embajada de Siam..., resolvió terminar con tal Embajada.»

Hasta Hoyo de Manzanares y otros lugares próximos a los frentes se extendieron las actividades criminales de la «checa» del Ministerio de la Guerra, sirviendo frecuentemente de lugar de ejecución el Colegio de Huérfanos de Telégrafos, incautado por la C. N. T. y situado en la carretera de Hortaleza, número 75, así como el sector del frente de El Pardo, guarnecido por la 39 Brigada, de significación anarquista.

Algunos de los numerosos asesinatos cometidos por la «checa» del Ministerio de la Guerra en sus dos diferentes etapas (republicano-marxista y anarquista), afectan a las siguientes víctimas: Don Julio Anrich Rodríguez Navarro, D. José Massó Aguiló, D. Alfonso Fernández Mota, D. Félix Ochoa Lara, L. Leopoldo Meyer Muñoz, D. José Miguel del Campo, D. Gonzalo Vellando Vicent, D. Juan Bombfn Velado, D. Julio Romero García de Quevedo, D. Joaquín Zalvó Quilis D. Enrique Zacagnini Wertsmayer, D. Pedro Fernández Macías y D. Germán y D. Eloy de la Iglesia.

En el verano de 1937, los anarquistas son desplazados del mando de Servicios Especiales, siendo nombrado jefe de dicha «checa» el antiguo lugarteniente de Atadell, Ángel Pedrero García, que pocos meses después es designado por su amigo, el Ministro marxista de Defensa, Indalecio Prieto, Jefe del Servicio de Investigación Militar (S. I. M.), de la Demarcación del Centro.

Número 1 Orden de los Servicios Especiales del Ministerio de la Guerra, que sirvió para la entrega del guardia civil D. Pedro Fernández Macías, asesinado, como otros muchos, por esta checa.