Capítulo VII
CÁRCELES Y ASESINATOS COLECTIVOS DE PRESOS
A partir del 18 de julio de 1935, en la parte de España que quedó dominada por el Gobierno del Frente Popular, y como consecuencia del extraordinario aumento del número de presos, hubieron de ser habilitados como prisiones una serie de edificios diversos, dedicándose con preferencia a esta finalidad las iglesias o las casas de Comunidades religiosas.
Una de las características más acusadas del paso de los Gobiernos frentepopulistas por el Poder, en la esfera penitenciaria, fué la de anular por completo la autoridad de los funcionarios del Cuerpo de Prisiones, incluso de los afectos al régimen rojo, dejando a la vez de ser cumplidos los Reglamentos penitenciarios. Los funcionarios se vieron sustituidos en su misión por milicianos armados, que se adueñaron por completo de las prisiones, siendo sustituidos los Reglamentos por la voluntad y capricho de los milicianos, que, a su antojo, prohibían la comunicación de los detenidos con sus familiares, se adueñaban de los víveres que eran llevados a los presos, a los que se maltrataba constantemente de palabra y obra, amenazándoles con el fusilamiento, y se relataban ante ellos los asesinatos en que cada miliciano había intervenido.
En contraste con la dura vida de los reclusos, los milicianos celebraban en las prisiones frecuentes orgías que, al embriagarse los custodios, empeoraban la suerte de los detenidos.
Muchos funcionarios de Prisiones, encontrándose de servicio, fueron sacados de los mismos establecimientos para ser asesinados, como D. Gregorio José San Martín San Juan, D. Ramón Donallo Marín de Bernardo y D. Luis Santigosa Payo, que fueron entregados a milicianos, delincuentes comunes que habían sufrido condenas y deseaban vengar el odio acumulado durante su reclusión ; los funcionarios que, por parecer afectos al régimen marxista, quedaron en sus puestos, perdieron toda fuerza y autoridad, pasando a ser meros instrumentos en manos de los Comités y milicianos.
En cada establecimiento penitenciario se constituyó un Comité con representantes de todos los partidos políticos y entidades sindicales del Frente Popular, y el orden en el interior de las prisiones quedó encomendado a los milicianos. La influencia política en el régimen de las prisiones fué tan acusada que -a pesar de que oficialmente seguían dependiendo del Gobierno y en cada una de ellas había un Director y otros funcionarios designados por el Ministerio de Justicia- eran utilizadas para alojar detenidos que quedaban a disposición de organismos políticos que legalmente carecían de atribuciones para ello. En otros casos, tales entidades se atribuían facultades sobre detenidos por la Dirección General de Seguridad y a disposición de la misma, como se comprueba en los expedientes personales de los detenidos en la prisión de Porlier de Madrid, D. Rafael Alonso Villalba, D. Francisco González Miranda y D. Abelardo Gómez Valero, en los que se hace constar que quedan a disposición de la Dirección General de Seguridad y del Comité de Investigación y Vigilancia. (Estos tres reclusos figuran puestos en libertad el día 24 de noviembre de 1936; pero, en realidad, fueron sacados de la cárcel y asesinados dicho día.) En los expedientes de los reclusos en la misma prisión, D. Francisco Ariza Loño, D. Enrique Martínez López y D. Carlos Martínez López, figura la siguiente nota: Al ser puesto en libertad, avisar al puesto de Vigilancia número 15, teléfono 51998. Responsable, Del Moral.» (Este puesto de Vigilancia, dependiente de la Inspección General de Milicias Populares, estaba instalado en la Carretera del Este, número 25, y era de carácter predominantemente comunista, como la mayoría de los de su clase ; el Responsable a que se alude es Antonio del Moral Labajo (a) «Perra chica», con actuación criminal muy destacada en la barriada de las Ventas y en los asesinatos de presos. Los tres referidos reclusos, que figuran como puestos en libertad el día 7 de noviembre de 1936, fueron sacados de la prisión y asesinados.)
En los primeros meses del Movimiento, durante el verano de 1936, se sucedieron sacas individuales de presos que, con pretexto de ser puestos en libertad, eran entregados a los agentes de la «checa» de Fomento o a otros milicianos, que los asesinaban a la salida. Por este procedimiento fué extraído, entre otros muchos, de la cárcel de San Antón, conducido a la «checa» de Fomento y asesinado, el ex Director General de Seguridad de la República, D. José Valdivia; y de la prisión de Ventas fueron sacados, también entre otros, diversos presos procedentes de Colmenar Viejo que, entregados a milicianos de dicho pueblo, fueron seguidamente asesinados. También en el interior de las prisiones se cometían asesinatos, incluso de personas significadas en el campo de la República, habiendo sido muertos violentamente en la cárcel de Porlier los Diputados republicanos D. Gerardo Abad Conde y D. Fernando Rey Mora, y con ellos el religioso D. Leandro Arce Urrutia. (Documentos 1 y 2.)
Lo mismo ocurría en el resto de la España dominada por el Frente Popular. Así, en la noche del 30 al 31 de julio de 1936, en el pueblo de Úbeda (Jaén), las milicias rojas sacaron a los presos políticos que, en número de 47 se encontraban en aquella cárcel, y los asesinaron, quedando únicamente dos supervivientes : D. Pedro Iglesias Martín (que quedó gravemente herido) y D. Cristóbal Herrador Herrera. En la noche del 28 al 29 de agosto de 1936, los milicianos de Castellón de la Plana, con representaciones de los diversos partidos marxistas y republicanos y de las sindicales obreras, penetraron en el buque Isla de Menorca, surto en el puerto del Grao, habilitado para prisión, y extrajeron de dicho barco a todos los presos que se encontraban en el mismo, los cuales, en número de 56, fueron maniatados por parejas, desembarcados y asesinados inmediatamente en diversos lugares cercanos al puerto.
La repetición de estos hechos transcendió, y de ellos se hicieron eco incluso destacadas personalidades de aquel régimen, que se dirigían a sus correligionarios que desempañaban cargos elevados en la esfera de la Policía reclamando seguridades para determinados detenidos de su particular amistad. Por la Policía militar fué ocupada -después de la liberación de España- una carta que el que fué Jefe superior de Policía, Diputado de Izquierda Republicana y Catedrático de Derecho Penal, Manuel López Rey, dirigió al Diputado de Unión Republicana, Fulgencio Díaz Pastor, contestando a otra en la que se le pedía el traslado de un preso desde la cárcel de Porlier a los calabozos de la Dirección General de Seguridad, para evitar su asesinato ; el Jefe superior de Policía de Madrid dice en la mencionada carta, de 2 de septiembre de 1936: Querido amigo : El traslado de la prisión de General presos políticos que encontraron en la cárcel, en número de 53, cuya personalidad consta, más otras seis víctimas que no han sido identificadas y comprenderás que la Inspección de Guardia de esta Dirección de Seguridad tiene tan sólo un carácter de permanencia transitoria ; es decir, de prevención, y, por tanto, permanentemente no pueden hallarse en ella detenidos de ninguna clase. Todos los ingresados, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, son mandados a las respectivas prisiones, y en cualquiera de ellas existen las debidas garantías para los reclusos . La garantía a que este documento alude es falsa, ya que las matanzas de presos se sucedían sin interrupción, y ello no era una actuación desbordada de las masas marxistas, sino una conducta premeditada de los elementos dirigentes, facilitada por el Gobierno, que, por medio de su Director General de Seguridad, proporcionaba a los milicianos las órdenes de libertad, en blanco, que precisaban para sacar a los presos de las cárceles y cometer los crímenes que previamente habían acordado:
En las noches del 13 y del 14 de septiembre de 1936 fueron extraídos de la prisión provincial de Castellón de la Plana, y asesinados, varios sacerdotes y religiosos, sin que estos asesinatos obedecieran a sentencia alguna de los llamados Tribunales Populares, sino exclusivamente al capricho de las milicias que los realizaron, con el concurso y asistencia de los dirigentes del Frente Popular. El 25 de septiembre de 1936, desde que las sirenas de la ciudad de Bilbao anunciaron la presencia de la aviación nacional, las turbas, entre las que figuraban gran número de mujeres, se dispusieron, de acuerdo con los guardianes de los presos, al asesinato en masa de estos últimos, y así, una vez terminado el bombardeo, se dirigieron hacia los muelles de la ría próximos a la factoría de Altos Hornos, en que se hallaban fondeados los barcos Altuna-Mendi y Cabo Quilates, convertidos en prisión ; algunos grupos se trasladaron en gabarras a bordo de los buques, y en el Cabo Quilates comenzó la matanza en las primeras horas de la noche, siendo asesinados sobre cubierta la mayoría de los presos, y otros en la misma bodega, sobre la que se hizo fuego desde fuera, pereciendo de este modo 41 detenidos. En el Altuna-Mendi, después de obligar a los presos, bajo la amenaza de una ametralladora, a permanecer varias horas con los brazos en alto, se asesinó a tiro de fusil, pistola y pistola ametralladora a 29 detenidos. También en Bilbao, en la noche del 2 de octubre de 1936, un grupo de marineros, e individuos que se titulaban oficiales de Marina de la dotación del acorazado rojo Jaime 1, subieron a bordo del barco-prisión Cabo Quilates, y, con la aquiescencia de los guardianes, asesinaron a 38 presos, a los que previamente despojaron de sus alhajas y objetos personales de algún valor. En la misma capital bilbaína fueron asesinados el 4 de enero de 1937, en las distintas cárceles, un total de 209 presos, realizando los asesinatos fuerzas del Ejército rojo, constando la participación activa de varias compañías de los batallones «Asturias» (7.° de la U. G. T.), «Fulgencio Mateos» y «Malatesta», perfectamente uniformadas, con armamento completo, y a las órdenes de sus jefes, respondiendo desde una de las cárceles el Comandante del batallón «Malatesta» al Presidente del Gobierno vasco, que le pedía una explicación acerca de los sucesos que estaban ocurriendo, que cuando el pueblo se convenciese de que no quedaba un fascista en la cárcel cesarían las matanzas. Los milicianos y las turbas que los acompañaban, con las que iban bastantes mujeres, que se distinguían por su ferocidad, se dedicaron al pillaje y al saqueo de los cadáveres, dándose el caso de que hubo milicianos que salieron de la cárcel llevando cuatro abrigos.
Finalmente, el Presidente del Gobierno vasco, José Antonio Aguirre, que no había tomado ninguna medida para evitar estos crímenes, ni desplegado ninguna energía para cortarlos una vez iniciados, encargó al Secretario de Guerra que cesara la matanza, concluyendo ésta a los pocos minutos ; debiendo tenerse en cuenta que esta orden sólo se dio a las cuatro horas de comenzados los crímenes y ante las apremiantes instancias de los funcionarios de Prisiones, que suplicaban la intervención de la Autoridad.
El 2 de octubre del mismo año 1936, por la noche, las milicias anarquistas de la C. N. T. y de la F. A. T., que, bajo la denominación de «Columna de Hierro», mantenían el terror entre la población civil de la Región levantina, penetraron en la capital de Castellón y, con despliegue de fuerzas armadas de ametralladoras, asaltaron y quemaron los Archivos de la Audiencia, Juzgado y Registro de la Propiedad, cuya documentación fué quemada en la calle, así como los de la Delegación de Hacienda, cuyos papeles fueron entregados a las llamas en el patio del Gobierno Civil, con aquiescencia del propio Gobernador y de la Fuerza pública, que presenciaron estos hechos, sin oponer el menor inconveniente a su realización. Las mismas milicias, acompañadas por elementos de la Guardia Popular Antifascista de Castellón, se dirigieron a la Prisión provincial, donde libertaron a los diez presos que se hallaban recluidos por delitos comunes y asesinaron a todos los presos políticos que encontraron en la cárcel, cuyo número era de 53, cuya personalidad consta, más otras seis víctimas que no han sido identificadas ; exterminados los presos, los asesinos se reunieron en el café Suizo, donde celebraron una comida para festejar su hazaña. El 3 de octubre, de la cárcel de Cebreros (Avila) fueron sacados por los milicianos 71 presos políticos, que fueron asesinados, apareciendo sus cadáveres, calcinados, en el vecino pueblo de Pelayos de la Presa.
Los presos extraídos en la noche del 20 de octubre de 1936 de la Prisión de Ocaña, en número de ciento cincuenta y dos, fueron asesinados en las tapias del Cementerio, y como por la oscuridad de la noche no pudiesen hacer los milicianos buena puntería, al día siguiente fueron enterradas algunas de las víctimas todavía con vida.
La suerte de los presos de Madrid, después de la matanza del mes de agosto en la Cárcel Modelo, fué haciéndose cada vez más incierta, hasta llegar muy pronto a las matanzas colectivas, respondiendo a una organización perfecta, estudiada en la propia Dirección General de Seguridad, con los antecedentes que a continuación se consignan :
El aumento progresivo del número de asesinatos con la participación, en unos casos, y la pasividad, en otros, de las autoridades que tenían obligación de asegurar el orden público, hizo que se conmoviera la opinión internacional y que las representaciones diplomáticas acreditadas en Madrid hicieran llegar a sus Gobiernos su alarma. Hubo una nota inglesa a este respecto, y el Ministro de Estado español, Julio Álvarez del Vayo, en representación del Gobierno rojo, hizo pública una comunicación, dirigida al encargado de Negocios de la Gran Bretaña, lamentándose de aquella intervención humanitaria del Gobierno inglés, que afirmaba, carecía de fundamento, ya que "los presos se encontraban totalmente seguros y en espera de ser juzgados por los tribunales competentes". La comunicación apareció en la Prensa los días 25 y 26 de octubre de 1936, y poco después, dentro del mismo mes de octubre, aquel Gobierno, por medio de uno de sus órganos, como era la Dirección General de Seguridad, ordenó en Madrid el asesinato de presos de la Cárcel de Ventas, que no habían sido juzgados por ningún tribunal. Entre estos presos figuraban personas de destacado relieve intelectual, como D. Ramiro de Maeztu, y de destacada personalidad política, como el fundador de las J. O. N. S., don Ramiro Ledesma Ramos, hallándose entre ellos los dos hermanos Borbón León, emparentados con la Casa Real española. El Director General de Seguridad, Manuel Muñoz, el día 31 de octubre de 1936 ordenó la entrega de estos presos a miembros del Comité Provincial de Investigación Pública («checa» de Fomento), con el pretexto de trasladarlos a Chinchilla ; pero con la orden verbal de que fueran asesinados. Uno de los comprendidos de la relación original, D. Francisco Gallego Sáenz, resistió el cumplimiento de la orden de salida y fué asesinado en el interior de la prisión.
En los primeros días de noviembre del propio año 1936, representantes de la «checa» de Fomento, con miembros del ejército marxista, acudieron a las cárceles de Ventas, San Antón y Porlier para requerir a los militares profesionales que sufrían prisión para que se incorporasen al ejército rojo, amenazándoles de muerte si no atendían el requerimiento. Como consecuencia de su actitud digna, negándose a mandar fuerzas militares del Frente Popular, se decretó su asesinato, sin intervención de tribunal alguno, y se hicieron listas, que se entregaron en la Dirección General de Seguridad ; este organismo autorizó las sacas de presos para su asesinato, pretextando en algunos casos la libertad de los mismos, y en otros, su traslado. Desde el día 1 hasta el 7 de noviembre de 1936 se sucedieron estas expediciones, ordenadas bajo la firma del Director General de Seguridad, Manuel Muñoz, en unos casos, y de los altos funcionarios de la misma Dirección, en otros.
El 6 de noviembre de 1936 se presentaron en la Cárcel Modelo de Madrid policías, adscritos a la Dirección General de Seguridad, y milicianos de Vigilancia de Retaguardia, al mando del Inspector General, Federico Manzano Govantes, con una orden de libertad de presos, sin indicación de nombres ni de número ; en autobuses de la Sociedad Madrileña de Tranvías se llevaron a los presos que tuvieron por conveniente, sacándolos atados, y los asesinaron en las inmediaciones de Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz. Al día siguiente, 7 de noviembre, se repitieron los mismos hechos, siendo asesinada una nueva tanda de reclusos. La orden de extracción de la Cárcel de todos estos reclusos fué firmada por el Director General de Seguridad, que dispuso que el Director de la Cárcel Modelo entregase a los portadores de dicha orden los presos que verbalmente le indicasen. Según declaración prestada en la Causa General por el funcionario de la Dirección General de Seguridad, D. Ángel Jiménez Bella, el mandato referido se extendió y firmó después de una conversación que con dicho Director general sostuvo la Diputado socialista Margarita Nelken.
El avance victorioso de las fuerzas nacionales y su aproximación a Madrid produjo como inmediatas consecuencias la huida del Gobierno rojo de la capital de España y la constitución de una Junta de Defensa de Madrid, presidida por el General Miaja, en la que había una Consejería de Orden Público, de la que pasaron a depender los detenidos gubernativos que lo estaban por sus ideas sin haber cometido infracción alguna.
La Consejería de Orden Público de la Junta de Defensa fué confiada a Santiago Carrillo, de las J. S. U., y se nombró Delegado de Orden Público, cargo equivalente, en su esfera de actuación, al de Director General de Seguridad al redactor del diario socialista Claridad, Segundo Serrano Poncela. Del Consejo creado en la Dirección General de Seguridad pasaron a formar parte, entre otros, Manuel Rascón Ramírez, Manuel Ramos Martínez, Ramón Torrecilla Guijarro, Santiago Álvarez Santiago, Félix Vega, Arturo García La Rosa y Juan Alcántara ; todos ellos de actuación muy destacada en distintas «checas. de las que funcionaron en Madrid.
Este Consejo, en la reunión celebrada el día 10 de noviembre de 1936, presidida por Serrano Poncela, acordó las «normas» que había de seguir para seleccionar a los presos de Madrid que debían ser asesinados en masa. A propuesta de su Presidente, se estableció el siguiente turno: primero, militares con graduación superior a la de Capitán; segundo, falangistas, y tercero, todos los hombres que hubieran tenido actividades políticas contrarias al Frente Popular. Para este plan se designó a unos representantes del Consejo, que acudieron a distintas cárceles y, actuando en forma de tribunal, interrogaban a los detenidos y decidían la suerte de los mismos. También designó el Consejo un Delegado suyo para cada una de las cárceles, cuyo misión consistía en hacerse cargo de las relaciones de presos que debían ser asesinados, llevar a la cárcel la orden de libertad o traslado y dirigir la expedición, con instrucciones reservadas, distintas de las consignadas en la documentación oficial. Con este cometido fueron designados los militantes comunistas Andrés Urrésola Ochoa, para la Cárcel de Porlier; Álvaro Marasa Barasa, para la de Ventas, y Agapito Sainz de Pedro, para la de San Antón; todos estos dependían a su vez, de manera inmediata, del miembro del Consejo Santiago Álvarez Santiago, también comunista. El Delegado de Orden Público, Segundo Serrano Poncela, se encargó personalmente de dar las órdenes reservadas, para asesinar a los presos, al Parque Móvil de la Dirección General de Seguridad para disponer de los vehículos necesarios, y al Inspector General de Milicias de Vigilancia de Retaguardia, para tener dispuestos los elementos armados que acompañaban a las expediciones y componían los piquetes de ejecución.
El plan fué tan meditado, y preparado con tanta frialdad, que incluso se dispuso de antemano el lugar de ejecución y el de enterramiento de las víctimas; a este fin prestaron su colaboración los Comités rojos que venían actuando en los pueblos del San Fernando de Henares, Paracuellos de Jarama, y Torrejón de Ardoz, que ordenaron a individuos de estas localidades que cavasen las fosas, y acudieron los días previamente señalados para proceder al enterramiento de las víctimas.
Estos acuerdos del Consejo de la Dirección General de Seguridad, encargado por el fugitivo Gobierno del Frente Popular de la misión de velar por el orden público en la capital, comenzaron a ponerse en ejecución a mediados de noviembre de 1936 ; pero antes, la Junta de Defensa de Madrid, procediendo en la misma forma en que lo había hecho el Gobierno marxista, al que decía representar, publicó una nota, que apareció en la Prensa diaria el 14 de noviembre de 1936, en la que, bajo la rúbrica Saliendo al paso de una infamia, decía : ... Ni los presos son víctimas de malos tratos, ni menos deben temer por su vida. Todos serán juzgados dentro de la legalidad de cada caso. La Junta de Defensa no ha de tomar ninguna otra medida, y no sólo no permitirá que nadie lo haga, sino que, en este respecto, los que en ella intervienen y han intervenido lo ejecutarán dentro del orden y de las normas establecidas. Y en efecto; después de esta comunicación, cuando debían creer que con ello acallaban la alarma internacional, comenzaron a ponerse en ejecución los planes de asesinatos colectivos, organizados y elaborados por los organismos del Orden público, dependientes de la propia Junta de Defensa, que no hacía, en este caso, más que seguir el ejemplo que con su actuación anterior le marcó el Gobierno del Frente Popular. Las diversas Comisiones se trasladaron a las cárceles respectivas para interrogar a los que en ellas se encontraban detenidos. Estos interrogadores utilizaban los datos extraídos de los ficheros de la Dirección General de Seguridad y los de los partidos políticos ; pero principalmente procedían a capricho, guiados en muchas ocasiones única y exclusivamente por lo ilustre de los apellidos de los detenidos, y se dejaban influenciar fácilmente por sugerencias interesadas, habiéndose salvado por presentación de aval, o intervención de otras personas, algunos detenidos que, con arreglo a los acuerdos adoptados por el Consejo, debían ser fusilados ; en este aspecto, los menos asequibles eran los representantes del Partido Comunista. Los acuerdos los tomaba el Consejo en pleno, y las órdenes para los asesinatos eran firmadas por el Delegado de Orden público y entregadas al Responsable de la cárcel respectiva.
En ocasiones los presos eran sacados de la cárcel sin documento oficial alguno, y días después, para que el expediente carcelario quedase completo, se llevaba la orden de traslado o de libertad, que daba una apariencia de legalidad a la salida del recluso.
En las horas de la madrugada los milicianos que prestaban servicio de guardia en el interior de la cárcel, provistos de linternas, entraban a las galerías y, entre blasfemias, insultos y amenazas, obligaban a los presos a levantarse, y los conducían al lugar en que se concentraba para entregarlos a los miembros de las Milicias de Vigilancia de Retaguardia, encargados de su traslado y ejecución ; se les registraba, robándoles lo que llevaban encima se les ataban las manos a la espalda con bramante fino, y con fuerza tal, que les hacía saltar sangre de las muñecas, y se les obligaba a subir a los camiones, preparados al efecto, propinándoles fuertes golpes y haciéndoles objeto de otros malos tratos. El conocido autor teatral D. Pedro Muñoz Seca fué sacado de la cárcel de San Antón el día 28 de noviembre de 1936, y -según declaración prestada en esta Causa General por el testigo presencial D. Buenaventura González de Lara- entre otros malos tratos de que fué objeto por parte de los milicianos, uno de ellos, llamado Gonzalo Montes Esteban-Sierra (a) «Dinamita», le dio fuertes tirones del bigote, hasta arrancárselo en parte.
La conducción de los presos y su asesinato estaba encomendada a los diversos destacamentos de milicias de Vigilancia de Retaguardia, que turnaban en este cometido de acuerdo con las instrucciones dadas por su Inspector general, Federico Manzano Govantes, acompañando a cada expedición un representante del Consejo de la Dirección General de Seguridad y algunos policías ; a los miembros de las M. V. R. se unían milicianos de guardia en las cárceles, que al regresar comunicaban a los que todavía permanecían en la prisión los detalles de las matanzas ejecutadas, y les amenazaban con depararles la misma suerte. A los asesinos se agregaban también individuos de los Ateneos Libertarios y Radios Comunistas de las barriadas de Guindalera, Elipa, Ventas y de los pueblos próximos al lugar de la ejecución, al que acudían por el simple placer de cometer nuevos asesinatos y para lucrarse con la ropa y algún objeto que pudieran hallar sobre las víctimas.
De esta forma, respondiendo a un plan acordado por los organismos oficiales, fueron inmolados, sin formación de proceso ni imputación delictiva, millares de presos sacados de las cárceles de Madrid en la última decena del mes de noviembre del año 1936 y primeros días de diciembre del mismo año.
A partir de esta época, la energía con que el nuevo Delegado de las prisiones de Madrid -un anarquista que, en pugna con las demás autoridades rojas, y sobre todo con el Partido Comunista, actuó desde el primer momento, por su personal y exclusiva iniciativa, acabó con las matanzas de presos, demostró la facilidad con que hubiera podido obtener este mismo resultado el Gobierno del Frente Popular, si alguna vez se lo hubiese propuesto.
En Torrejón de Ardoz (donde, después de la liberación de España, durante el mes de diciembre de 1939, fueron exhumados 414 cadáveres), en Ribas de Vaciamadrid y sobre todo en Paracuellos del Jarama, donde en enormes zanjas yacen millares de cadáveres fueron enterrados en montón los presos de Madrid asesinados en noviembre de 1936 por las autoridades del Frente Popular.
En Guadalajara, el 6 de diciembre del año 1936, a título de represalia por un bombardeo de aviación, elementos armados de dicha capital, después de una conversación telefónica con el Gobernador civil accidental, apellidado Cañadas, y con el consentimiento de dicha autoridad, extrajeron de la cárcel a 290 presos y los asesinaron en los alrededores de la población ; en el Cementerio, por falta de trámites reglamentarios en la entrega de los cadáveres, se negaron a hacerse cargo de éstos, que fueron entonces abandonados en el campo. Días después fuerzas militares rojas del batallón Rosemberg los encontraron, y si bien, en un principio, pensaron quemarlos, acabaron desistiendo de este propósito y procedieron a darles sepultura en el mismo lugar donde se hallaban.
Ya entrado el año 1937, en Jaén, una Comisión del Frente Popular, de acuerdo con el Gobernador, hizo una selección de 173 presos y ordenó su asesinato, que fué ejecutado inmediatamente.
También durante el mismo año 1937, en Madrid, terminados los asesinatos en masa, el Consejero de Orden Público comunista, de la Junta de Defensa, presidida por el General Miaja, José Cazorla Maure, encomienda a sus agentes de confianza la tarea de hacerse cargo de aquellos presos que, por no haber delinquido contra el régimen rojo, eran puestos en libertad, pero que, no obstante, y a juicio de Cazorla, debían ser asesinados. Los excarcelados eran conducidos a prestar su servicio militar con carácter obligatorio a Unidades militares comunistas, previamente advertidas, en las que, en vista del informe que acompañaba a los referidos reclutas, eran éstos asesinados. Estos crímenes, públicamente conocidos, provocaron una ruidosa polémica entre el Partido Comunista, que apoyaba a Cazorla, y los anarquistas, que le combatían violentamente, de la que se hizo eco la Prensa madrileña.