Capítulo XIII

OTROS ASPECTOS DE LA VIDA ROJA

 

La relajación de costumbres y la disolución de la moral en la vida familiar y social han sido en la zona marxista española consecuencia inseparable del comunismo, verdadero y exclusivo rector y beneficiario del Frente Popular, que le sirvió de máscara. La relación sexual desenfrenada en los mismos frentes de combate entre milicianos y milicianas durante los primeros meses de la contienda llegó a despertar la alarma de los jefes militares rojos ante el estrago que las enfermedades específicas producían entre los milicianos que, en número considerable, tenían que ser evacuados a los hospitales antivenéreos. Las uniones matrimoniales se solemnizaban con suma facilidad ante cualquier mando de milicias, y con la misma facilidad eran olvidados estos vínculos por los contrayentes. El Decreto de 10 de abril de 1937 (publicado en la Gaceta de la República del día 13 del mismo mes y año) daba efectos legales a las uniones matrimoniales celebradas a partir del día 18 de julio de 1936 ante cualquier autoridad o funcionario público, Comités de cualquier entidad política o sindical, jefes militares o Comisarios o Delegados de Guerra, por militares o milicianos con capacidad para contraer matrimonio, muertos en campaña o en acto de servicio. Y el artículo 2.° de la misma disposición legal roja implantaba el matrimonio por uso, al considerar legalmente viuda a la mujer que hubiese vivido con militar o miliciano muerto en campaña, siempre que aquél la hubiere tenido «en concepto de compañera durante un plazo superior a diez meses, o menor si de resultas de la unión hubiere quedado embarazada». Como el artículo 7.° del Decreto mencionado sólo concedía un plazo de dos meses para que el verdadero cónyuge, o cualquier otro interesado, pudiera impugnar tal declaración de matrimonio, el resultado de esta innovación legislativa no pudo ser otro que un extraordinario número de duplicidad de situaciones matrimoniales en que, por imperio de los preceptos rojos, la nueva y arbitraria inscripción cancelaba el matrimonio legítimo preexistente, sobre el cual debía prevalecer; como consecuencia de ello, a las oficinas rojas acudían, con pretensiones encontradas mujeres que alegaban su derecho a los beneficios de viudedad correspondientes a un mismo miliciano. Los casos de bigamia—favorecidos por la nueva legalidad roja, que prescindía de toda formalidad seria, incluso para el reconocimiento de matrimonio inter vivos—fueron también fenómeno corriente en la España dominada por el Frente Popular, hasta el punto de que el propio Gobierno rojo, alarmado ante el libertinaje resultante de sus ensayos legislativos, dejó sin efecto, por Decreto de 4 de agosto de 1937, la libertad de formas matrimoniales implantada por el Decreto mencionado en primer lugar. La célebre "Oficina Jurídica" de Barcelona—implantada arbitrariamente, por encima de la legalidad republicana, por sus creadores, que la convirtieron en instrumento jurisdiccional de constantes atropellos y en fuente de pingües beneficios—decidió en una sola mañana (1 de octubre de 1936) 50 divorcios.

La blasfemia y la pública procacidad imprimían carácter a las poblaciones españolas sojuzgadas por el Frente Popular. El aborto voluntario es legalizado y provocado en Barcelona en Centros sanitarios públicos. No es respetada ni la infancia, cuya corrupción había sido ya comenzada por el comunismo durante el período prerrevolucionario por medio de la obra de los «Pioneros» rojos. Comenzado el Movimiento, a la influencia moral se une la acción material y, bajo pretextos benéficos, multitud de niños son separados de sus familias y enviados a la Rusia soviética, sin posibilidades de rescate, para servir un frío designio proselitista y de propaganda.

La degradación de la vida espiritual y de las costumbres, tan rápidamente alcanzada por la España frentepopulista, va acompañada de la mayor miseria en el orden económico-social, debida principalmente, no a las privaciones directamente resultantes de la guerra, sino a la rapiña y a la desorganización derivada de la aplicación de los principios combinados del anarquismo y del comunismo: Provincias dotadas de abundantes recursos económicos ven trastornada su producción, malbaratadas sus reservas y reducido su consumo hasta límites increíbles. Las milicias disparan contra los rebaños durante los primeros meses de la contienda civil por simple placer de destrucción, quedando las reses muertas abandonadas en el campo y sufriendo un grave quebranto la riqueza ganadera de comarcas enteras, dando lugar a advertencias, poco enérgicas y nunca acatadas, de las autoridades marxistas. Las existencias de los comercios de Madrid, durante los primeros meses del Movimiento, fueron extraídas por los milicianos y sus familiares, que entregaban a cambio vales de sus respectivos Comités, cuyo equivalente en dinero no era abonado, resultando incluso peligrosa cualquier pretensión de los comerciantes en este sentido.

La zona de Aragón, dominada por las milicias anarquistas catalanas, padeció la más sangrienta tiranía y la desorganización económica más absoluta, hasta el punto de dar lugar a un choque entre dichas milicias y el Gobierno marxista, que se resolvió con la derrota anarquista y la disolución del Consejo de Aragón, quedando la población civil de aquella comarca libertada de la dictadura del cabecilla de la C. N. T., Ascaso, para caer bajo el mando directo —igualmente sectario e incapaz, pero menos utópico y desatinado en sus medidas—del Gobierno del Frente Popular.

Ni siquiera en materia de política social el marxismo —que había empleado, con carácter demagógico y negativo, las promesas de emancipación obrera como bandera para la lucha de clases— procuró bajo su mando a los trabajadores ninguna ventaja efectiva a cambio de la desorganización causada en la producción y de la anarquía provocada en la disciplina de las empresas. Por el contrario, aquellas ramas industriales que el Gobierno rojo descubre que pueden ser todavía lucrativas, son socializadas por una serie de disposiciones oficiales a partir del año 1937; pero no en favor de los obreros, sino del propio Gobierno rojo, que ensaya de este modo un arbitrario socialismo de Estado, sin que los trabajadores lleguen a experimentar la generosidad del nuevo patrono. Así, concretamente, la explotación de la industria del espectáculo que, en medio de la miseria general, constituía en la zona roja un saneado negocio, fue asumida por el Estado, que diariamente se apropiaba de la recaudación por medio de sus Juntas Oficiales de Espectáculos, sin que los trabajadores de dicho ramo pudiesen disponer de tales fondos, ni siquiera participar en los mismos para mejorar de un modo efectivo su situación.

Y en contraste con la miseria de la población civil y con las privaciones que desde los pocos meses siguientes al comienzo de la contienda comienzan a sufrir los soldados rojos, son constantes los alardes de abundancia y de lujo realizados por las autoridades del Frente Popular. Prescindiendo de la ostentosa vida del último jefe del Gobierno, Dr. Negrín, y demás miembros de dicho Gobierno, así como de las autoridades centrales, para atender exclusivamente a algún caso producido en Madrid, puede señalarse que en esta capital —cuyos habitantes se encontraban desde hacía mucho tiempo sometidos a un racionamiento inverosímil— el militante socialista Ángel Pedrero, elevado por el Ministro de Defensa, Indalecio Prieto, a la Jefatura del Servicio de Investigación Militar del Ejército del Centro —entre otras costosas fiestas—, agasajó el 19 de Marzo de 1938 al General Miaja con un banquete en el Hotel Ritz que produjo 37.600 pesetas de gastos.


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En definitiva, los crímenes cometidos por el Frente Popular en la zona de España que estuvo sometida a su dominio revisten tal magnitud, que solamente los asesinatos debidamente investigados alcanzan la cifra de 85.940, sin incluir, como es consiguiente, las bajas y víctimas de guerra.