LA CAUSA GENERAL

No es amable ni grato evocar sucesos sombríos. Y quienes acometemos la faena de dar conocimiento de lo que fue la “Causa General”, no lo hacemos sin cierto dolor, casi con repulsa. Estamos entre los que quisieran ver definitivamente enterrada la guerra del 36, que no se vertiera nunca ni una  gota de sangre española en discordias civiles. Pero, llegado el momento en que vivimos, nos parece enorme injusticia silenciar y ocultar los verdaderos errores y horrores que cometieron unos, cuando se está dando en proclamar a los cuatro vientos los auténticos o imaginados que cometieron otros: una enorme injusticia que da pie a un falseamiento de la historia sobre el que nada bueno puede asentarse.

Vaya por delante que los crímenes, crímenes son, los cometiera quien los cometiera, y –aunque no sea defendible la teoría del empate- cumple reconocer que crímenes hubo en los dos bandos de la guerra civil española.

No se trata, por nuestra parte, de elaborar la contabilidad de los muertos, que ese trabajo ya lo ha hecho, y muy bien, por cierto, Ángel-David Martín Rubio, en “Paz, piedad, perdón.. y verdad”. De lo que se trata es de poner en evidencia que la II República no fue un venturoso y pacífico estado de derecho, gobernado por una Izquierda plural, progresista y democrática, contra la que se alzó en armas la Reacción, para imponer su dictadura, como ahora nos quieren imponer desde el cuasimonopolio de las tribunas y publicaciones escolares y universitarias.

Parece obligado sacar a la luz en Internet esta publicación, ilocalizable en librerías, que no es sino síntesis de la verdadera “Causa General”, ordenada por Decreto de 26 de abril de 1940, que se siguió para depurar las responsabilidades delictivas que se hubieren cometido en el transcurso de la guerra civil española: inmenso documento que se encuentra en la actualidad en el Archivo Histórico Nacional, en donde –previos los oportunos permisos- puede ser consultado por los investigadores.

Del interés y veracidad de la “Causa General” han dado fe personas tan poco sospechosas de franquismo como Javier Tusell, («…es decisiva…muy interesante para estudiar la sublevación, los comienzos de la guerra civil y la vida en la zona republicana durante la contienda»: El País, Cultura, 25 de septiembre de 1980) y Pedro Laín (“los horrores reseñados en la “Causa General” son ciertos...”: artículo en El País, en 1981, referente al foro en que participó bajo el lema “¿Es posible la convivencia en España?”).

Desde el punto de vista estrictamente penal, las responsabilidades por los hechos que dieron lugar a las actuaciones judiciales de que se trata, están ampliamente prescritas, y así se dejó sentado, mucho antes de la llamada transición democrática, en el Decreto-Ley de 31 de marzo de 1969, que felizmente, en nuestros pagos, no se estila la imprescriptibilidad de los crímenes contra la Humanidad. Y desde el punto de vista político y moral, estaban en camino de un dolorido y voluntario olvido.

Por grandeza de alma en muchos casos, por conveniencia en otros, a nadie le interesaba remover tumbas ni agitar recuerdos. Incluso algunos de los protagonistas, como Santiago Carrillo y Dolores Ibarruri, conscientes de que poco tenían que ganar y mucho que perder, alzaron bandera de “reconciliación nacional” y se sumaron a la alianza del silencio.

Pero ahora, al cabo de veinticinco años, atenuada la memoria histórica por el puro paso del tiempo y por la muerte de muchos de los testigos, se ha emprendido desde el PSOE una pasmosa damnatio memoriae, al estilo de los faraones que borraban el rastro de quienes les precedieron, queriendo reescribir la historia, divulgando y enfatizando las responsabilidades del bando nacional y relegando al olvido las del propio.

Por ello creemos necesario publicar estas letras, sin otro propósito que contribuir a reequilibrar la historia, servir a la reconciliación, a la comprensión... y a la verdad.